El grupo municipal Izquierda Unida-Podemos ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que exige al equipo de gobierno la realización de una “Auditoría Ciudadana de la Deuda y el Gasto”. Con ello, explican, se pretende “que la ciudadanía conozca el origen, la evolución, la composición, el destino de la deuda municipal, así como la eficacia y pertinencia del gasto público desde la entrada al gobierno de la coalición entre el PSOE y el PRC”.
La moción también exige al gobierno municipal que, tras la auditoría ciudadana, elabore un Plan de Reforma y Transparencia Municipal para corregir las malas prácticas que puedan detectarse, revisar contratos y deudas que pudieran considerarse injustificadas y reorientar el presupuesto municipal hacia políticas sociales.
Además, se propone fijar un 5% del presupuesto municipal para propuestas de la ciudadanía que se decidirán mediante un proceso de consulta ciudadana.
“Queremos que se sepa qué parte de la deuda es legítima, es decir, qué ha servido al interés general, y qué parte es ilegítima, siendo fruto del despilfarro, de la mala gestión y de decisiones políticas injustificables”, ha señalado el concejal de IU-Podemos, Borja Peláez.
“El Plan Económico Financiero no puede ser una excusa para recortar derechos. No vamos a aceptar que se nos diga que no hay dinero para derechos sociales mientras se malgastan recursos en ocurrencias y propaganda”, ha añadido.
Respecto al tipo de auditoría que piden, afira que debe ser “ciudadana”, porque “no puede quedar en manos de los mismos que han gestionado el dinero sin control”. Para este grupo municipal “la sociedad civil, las asociaciones vecinales y las entidades sociales deben ser protagonistas del proceso”.
Según dicen, esta propuesta parte de la “negligencia” de los equipos de gobierno del PRC y el PSOE a los que acusa de “privilegiar la obra visible, el evento mediático y el proyecto vistoso, mientras se ha abandonado el cuidado de las personas, la mejora de los servicios públicos, la planificación económica a largo plazo y la justicia social”.
“Tenemos bancos gigantes, ferias del tomate, rutas del cuaternario…pero se recortan subvenciones a entidades que atienden necesidades sociales… esa es la radiografía moral y política del gobierno PRC-PSOE”, ha dicho Peláez.
“Queremos que se sepa qué parte de la deuda es legítima, es decir, qué ha servido al interés general, y qué parte es ilegítima, siendo fruto del despilfarro, de la mala gestión y de decisiones políticas injustificables”, subraya Peláez.
“El Plan Económico Financiero no puede ser una excusa para recortar derechos. No vamos a aceptar que se nos diga que no hay dinero para derechos sociales mientras se malgastan recursos en ocurrencias y propaganda”, afirman.
“La auditoría será ciudadana porque no puede quedar en manos de los mismos que han gestionado el dinero sin control. La sociedad civil, las asociaciones vecinales y las entidades sociales deben ser protagonistas del proceso”, afirma el concejal.