IU-Podemos critica que el equipo de Gobierno no asuma su responsabilidad legal en el control de las colonias felinas del municipia y la “traslade” a una asociación, Gatucos Torrelavega, tramitando una subvención excepcional para la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
El concejal de este grupo, Borja Peláez, se ha abstenido en la votación de este punto en la comisión informativa de Medio Ambiente, Salud Pública y Bienestar Animal.
“El método CER es una competencia municipal definida por ley”, ha dicho. “Nuestro grupo valora muy positivamente el esfuerzo de la asociación y de todo el voluntariado, pero el Ayuntamiento no puede seguir trasladando a asociaciones una responsabilidad que la ley marca como propia de la administración justificándola como una subvención”, señala Peláez.
La Ley 7/2003 de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales establece claramente la responsabilidad municipal en la gestión de colonias felinas. En el artículo 40.1 indica que ‘los ayuntamientos serán los responsables de la gestión, control y protección de las colonias felinas mediante el método CER’ y en el artículo 64.1 obliga a los municipios a ‘adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales que habiten en el entorno urbano, con especial atención a los gatos comunitarios integrados en colonias felinas’.
“No hablamos de un capricho ni de un proyecto voluntario, sino de una obligación legal”, ha insistido el concejal. A su juicio, el ayuntamiento debería consignar una parte estable y suficiente en los presupuestos municipales y asumir directamente esta competencia.
Como ha recordado, “existe un convenio de colaboración con la asociación, y aún así se recurre a una subvención excepcional; esta fórmula es inestable y deja la continuidad del programa en mano de decisiones coyunturales, en lugar de garantizar un compromiso firme del Ayuntamiento”, subraya el concejal.
IU-Podemos reitera su apoyo total al método CER y a su implementación en Torrelavega, pero considera que la fórmula adoptada es inadecuada, porque recorta la financiación y precariza un servicio cuya obligación es estrictamente municipal.