El consejero de Obras Públicas y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochicoa, ha dado hoy su última rueda de prensa después de que el presidente de Cantabria aceptara su dimisión una vez que, tal y como ha destacado, haya permanecido en su puesto para trabajar y tomar medidas con el fin de que una situación como la ocurrida en el Servicio de Conservación de Carreteras «no vuelvan a producirse». «Quería dejar todo encauzado», ha remarcado.
«Me voy tal y como llegué, con transparencia, dando la cara y totalmente limpio», ha remarcado Gochicoa después de referirse a los más 4.000 folios del sumario y un año de escuchas telefónicas que reflejan que «no hay ni una tacha contra mí ni», al tiempo que ha criticado «la utilización política de la oposición para hacer daño», especialmente en lo referido al trabajo de los 400 funcionarios de una Consejería que «siempre ha trabajado muy bien».
Durante su intervención, José Luis Gochicoa ha recordado las medidas que el Ejecutivo regional ha planteado para evitar este tipo de irregularidades. Para ello se va a proceder el refuerzo de los controles en materia de contratación con la obligación de que los informes técnicos, económicos y de valoración de las consejerías incluyan la firma de al menos dos funcionarios con competencias en la materia y no de uno solo como hasta ahora.
Además, el Gobierno de Cantabria ha solicitado al juzgado como parte implicada en el proceso medidas de carácter cautelar, en primer lugar, ampliar la investigación a las personas jurídicas (hasta el momento solo afecta a las personas físicas responsables de las empresas) para poder apartar a las firmas presuntamente implicadas en la trama de los procesos de adjudicación que están en marcha y en los que ha tomado parte el funcionario detenido.
El objetivo es que el juzgado determine la prohibición temporal de contratar con las empresas investigadas y en las que haya intervenido el funcionario, pero no paralizar la actividad ordinaria en lo que se refiere a actuaciones, por ejemplo, de vialidad invernal, limpieza de argayos u otras relativas al mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.
También, se ha solicitado la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades a abonar por las obras en las que han participado algunas de las firmas investigadas y en cuya adjudicación haya intervenido el funcionario en cuestión.
Finalmente, ha reconfirmado la notificación de la apertura de un expediente disciplinario para la suspensión de esta persona como empleado público de la Comunidad Autónoma.