La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado el recurso de apelación del candidato al que se adjudicó una plaza de policía local de Torrelavega hace casi dos años, pese a no cumplir los requisitos de la convocatoria.
En el auto, al que ha tenido acceso HoyTorrelavega, el TSJC rechaza por falta de base jurídica el recurso contra la sentencia del propio tribunal que en mayo, frente a los recursos del Ayuntamiento y del joven que consiguió la plaza, volvió a dar la razón al aspirante que denunció el proceso y reclamó la plaza adjudicada al otro opositor aunque éste no tenía el carné de conducir exigido en las bases.
El fallo del tribunal, contra el que cabe recurso de casación ante el Supremo, recoge, entre otras cosas, que la apelación «no relaciona las normas estatales» infringidas, «no se identifica el interés casacional» o que «no se alega la relevancia de la infracción cometida con respecto al contenido final del fallo del asunto».
El Ayuntamiento, tras la sentencia de mayo, renunció a continuar el proceso judicial contra el joven que quedó tercero en la oposición para dos plazas de policía local y que, al no cumplir el segundo clasificado los requisitos, hubiera obtenido el puesto. Al opositor que actualmente ocupa la plaza y que, según las sentencias, debe abandonarla, puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
ACPT ha denunciado hoy que este nuevo revés judicial al área de Personal venía siendo advertido desde hace tiempo por la formación, que en el pleno de julio preguntó si se había dado de baja el policía local que había accedido a su plaza sin cumplir los requisitos, «admitiendo por tanto a quien de manera injusta» había quedado fuera. «Ya entonces advertimos que se debía ejecutar la sentencia para evitar seguir asumiendo costes de las arcas públicas, puesto que no existía base jurídica para la redacción de un recurso», ha señalado el concejal de ACPT Alejandro Pérez.
Según ha dicho en la comparecencia en la que ha criticado duramente la gestión del responsable de Personal, José Luis Urraca, Pérez ha subrayado que «una vez más no nos hicieron ni caso, y efectivamente, el recurso se ha desestimado». El coste de todo ello, apunta, ya «va más allá de los 80.000 euros», ya que el aspirante que quedó sin plaza y al que han dado la razón los tribunales, deberá percibir los salarios correspondientes al tiempo trascurrido desde que debiera haber entrado en la policía, más intereses, al tiempo que el que sí ingresó ha percibido sus retribuciones.
Pérez ha alertado que, mientras no se ejecuta la sentencia, la persona que debe ser incluida en la plantilla no podrá participar en el curso obligatorio para policías locales que comienza este 18 de septiembre, y sin el que mantendrá la condición de agente en prácticas con una importante limitación de funciones. «Tendremos un policía prácticamente parado durante al menos 6 meses, nuevamente por dejadez» del concejal de Personal.