La juez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha declarado firme la sentencia contra la construcción de un parque acuático en terrernos de Sierrallana. Transcurrido el plazo de treinta días sin que se haya presentado recurso de casación contra la anterior resolución, se declara fime, y solo cabe recurso de revisión, sin efecto suspensivo, en el plazo de cinco días.
Tras la sentencia que se hizo pública el pasado mes de enero, tanto el Gobierno de Cantabria como el Ayuntamiento, anunciaron que no recurrían el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, aunque el Consistorio confirmó que mantenía la idea y buscará la «solución» para desarrollar esta actuación a través del nuevo planeamiento municipal.
Sin embargo, para ACPT con la firmeza de la sentencia del TSJC «es inviable ya que se mantenga un capricho político trufado de apaños, engaños y trampas, validados de manera vergonzante por técnicos e integrantes diversos de la CROTU» (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo).
El concejal de ACPT Alejandro Pérez, ha valorado que «ya no habrá más derroche con semejante sinsentido» y todo se quedará «en una cifra que aún no conocemos, a pesar de haberlo pedido en varias ocasiones». Este grupo municipal estima que «como mínimo, han sido 60.000 euros tirados a la basura desde la órbita municipal», aunque el «despliegue en FITUR el año pasado, hace evidente que la cifra será muy superior».
Pérez ha recordado que ACPT está «trabajando» en una demanda contra los técnicos que informaron favorablemente el proyecto. «No olvidemos que son esas personas las que deben detener esas tropelías, labor por la que cobran, pero la realidad es que históricamente no ha sido así», ha señalado. «Sabemos fehacientemente que corren tiempos de cambio en la CROTU y que, a raíz de la sentencia que acaba de ser firme, se está produciendo una ‘pinada de orejas’ generalizada entre aquellos técnicos que sistemáticamente levantan la mano en el sí, incluso sin haberse tan siquiera leído los expedientes sobre los que está votando», ha añadido.
El concejal considera que cuando judicialmente se exija responsabilidades a los técnicos «o algunos sufran las consecuencias», habrá un «cambio aún más drástico» en la CROTU y «por fin tendremos en Cantabria un órgano que vele por los intereses generales y colectivos, el respeto al territorio, al medio natural y a las normas urbanísticas».