El Grupo Municipal Regionalista ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno, en la que propone instar a las Cortes Generales la elaboración urgente de una Ley Nacional de Custodia Compartida de los hijos menores por ambos progenitores como opción preferente en separaciones y divorcios, de modo que la custodia exclusiva «sea excepcional».
Una ley que debe suponer la armonización de la regulación legal de la misma en toda España, para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, y desarrollar el principio del interés superior del menor a continuar con su vida cotidiana y su educación con ambos progenitores y con sus respectivas familias.
Igualmente la moción pide que se desarrolle la responsabilidad compartida de ambos progenitores o coparentabilidad, con la búsqueda de acuerdos en beneficio del menor y optando por la mediación frente al conflicto para desjudicializar al máximo los procesos de separación y divorcio.
El portavoz del Grupo Municipal Regionalista y primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, que ha presentado la moción junto a sus compañeras de grupo Jezabel Tazón y Cristina García Viñas, ha recordado que actualmente la custodia compartida está contemplada en el ordenamiento legal, pero de una forma «muy restrictiva».
Así, la aprobación judicial de la custodia compartida puede darse sólo cuando los padres, de mutuo acuerdo, lo soliciten en el convenio regulador o cuando, el juez, a instancia de una de las partes y con el informe favorable del Ministerio Fiscal, acuerde la guarda y custodia compartida. «Sin embargo, basta con que uno de los padres manifieste su voluntad contraria a este sistema, sin necesidad de alegar razón alguna, para que en la práctica quede descartado». ha explicado López Estrada.
La realidad, ha recalcado, es que apenas se aprueban custodias compartidas fuera de las cuatro comunidades autónomas que tienen legalmente establecida como prioritaria la custodia compartida, que son Valencia, Cataluña, Aragón y Navarra. En Cantabria, a tenor de los datos nacionales, «se podría hablar de un 6 o un 7%» de custodias compartidas, a pesar de que en España este sistema ha crecido exponencialmente, y si en 2010 apenas representaban el 10% ahora llegarían al 20%.
Los regionalistas consideran que las leyes que regulan las rupturas matrimoniales «están anticuadas» en su mayoría, y no tienen en cuenta la transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse con fuerza al mercado laboral, y por tanto está en condiciones de mantener su autonomía económica, mientras que los hombres, cada vez más, han adoptado un papel activo en la crianza de los hijos, y se implican desde el nacimiento en sus cuidados. En contra de esa realidad, subraya el PRC, las leyes relacionadas con el divorcio «imponen a la mujer la especialización en la crianza de los hijos», lo que entra en conflicto con las políticas de igualdad.
Las consecuencias de este «sistema de ganadores y perdedores, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de la familia, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos». Las leyes actuales, asegura el Grupo Municipal Regionalista, «producen graves perjuicios en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos progenitores de forma igualitaria y alterna».