El Partido Popular de Torrelavega ha pedido explicaciones al equipo de gobierno municipal por el retraso en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, que data de 1985, y ha advertido de que la legislatura terminará previsiblemente sin PGOU después de nueve años de coalición PRC-PSOE.
La portavoz municipal del PP, Marta Fernández Teijeiro, ha explicado en rueda de prensa que se dan todas las causas posibles para un retraso más allá de las elecciones porque, cuando finalice el periodo de dos meses naturales de información pública al que ahora debe someterse el documento, en el mes de julio, vence la prórroga del equipo redactor de la revisión del planeamiento urbanístico y, según ha dicho, o se contrata otro, acumulando una nueva demora de tiempo, o se encarga la labor a los funcionarios municipales que, con su carga de trabajo actual, no podrán hacerlo con agilidad.
A esto habría que añadir que la nueva evaluación ambiental a la que habrá que someter el documento puede dar lugar a «nuevas alegaciones, pleitos, etcétera», y las adaptaciones que puedan derivarse de las condiciones de la nueva Ley del Suelo que está en tramitación en el Parlamento de Cantabria.
Fernández Teijeiro ha señalado que la ausencia del Plan General «es un cepo en el desarrollo de Torrelavega», porque dificulta absolutamente toda la planificación económica y frena las inversiones empresariales en la ciudad.
A su juicio, la situación del PGOU es una «prueba elocuente del gravísimo perjuicio que la incompetencia» de la coalición PRC-PSOE está causando a Torrelavega, que le está haciendo perder a la ciudad una década entera de desarrollo con sus nueve «nefastos» años de gestión.
Fernández Teijeiro ha abogado por la necesidad de un «golpe de timón» en Torrelavega, porque «además de pésimos gestores», regionalistas y socialistas «ocultan a los ciudadanos sus actos, lo que firman y lo que aprueban». En este sentido, ha aludido al aplazamiento de la inversión en la integración ferroviaria que ocultaron antes de las elecciones y al expediente abierto a Sniace en septiembre de 2021, para sancionar a la empresa en más de 37 millones de euros, asunto sobre el que también ha reclamado explicaciones al equipo de López Estrada.