El PP ha pedido el cese de los concejales de Personal, Ana Gómez (PSOE), y de Empleo, Javier López Estrada (PRC), como culpables de que el Gobierno de Cantabria haya rechazado uno de los proyectos presentados por Torrelavega a la convocatoria de Corporaciones Locales y no haya subvencionado la contratación de 37 desempleados para trabajar en el SERCA.
El Gobierno de Cantabria ha comunicado hoy al Ayuntamiento de Torrelavega la denegación del 37% de los proyectos presentados a las subvenciones de Corporaciones Locales, lo que supone que de las 240 contrataciones solicitadas, finalmente solo se podrá emplear a 152 parados durante seis meses. El proyecto del SERCA ha sido íntegramente rechazado, mientras que en otros proyectos se han prorrateado las plazas contrataciones aprobadas.
La concejal del PP Marta Pérez asegura que la «metedura de pata» de Gómez y López Estrada y su «negligencia» en la presentación del proyecto del SERCA es lo que ha hecho que haya sido rechazado por el Gobierno de Cantabria, al no cumplir las bases de la convocatoria, y que 37 parados no puedan «acceder a un empleo, aunque sea temporal».
Según ha dicho, ambos concejales «han demostrado ser torpes y vanidosos, porque ninguno de los dos se molestó en contactar con el Servicio Cántabro de Empleo para explicar que uno de los proyectos lo presentaría el Patronato Municipal de Educación, y que esta fundación delegaría la ejecución en otra entidad como es el SERCA, un traspaso de funciones expresamente prohibido en la convocatoria de subvenciones que se ha convertido en uno de los motivos de la exclusión del proyecto».
En cuanto a la reducción de la subvención concedida por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento de Torrelavega, que disminuye en 88 las contrataciones solicitadas, el PP afirma que es debido a que «no había presupuesto diferente para financiar el cien por cien de las peticiones».
Pérez ha asegurado que, «en contra de lo que han dicho» hoy la alcaldesa y el primer teniente de alcalde, la decisión de reducir el presupuesto asignado a Torrelavega «no es arbitraria ni discriminatoria, sino todo lo contrario, una medida general aplicada a los demás ayuntamientos y basada en algo tan objetivo como que no había dinero para todos y era necesario repartir».