El policía local de Torrelavega cuya plaza han anulado los tribunales cesará la próxima semana y de forma inmediata se incorporará al servicio el candidato que quedó tercero en la oposición para incorporar dos agentes municipales y gano la reclamación en todas las instancias judiciales.
Según ha confirmado HoyTorrelavega, la resolución de cese al policía saliente ya ha sido enviada al afectado, al mismo tiempo que se ha comunicado al recurrente que, dos años y medio después, de concluir la oposición podrá por fin incorporarse a su plaza.
El Tribunal Supremo ratificaba en junio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que daba la razón al aspirante a Policía Local que denuncio el proceso realizado por el Ayuntamiento de Torrelavega y reclamó la plaza adjudicada a otro candidato que no cumplía los requisitos de la convocatoria y que se incorporó al servicio en 2016. El alto tribunal rechazó el recurso presentado por el candidato que fue admitido y que ha perdido la plaza, y condenó al Ayuntamiento a contratar al denunciante y a pagarle los sueldos que ha dejado de percibir desde que debiera haberse incorporado a la policía.
El joven que recurrió el proceso, denunciando que el aspirante que quedó segundo en la oposición no tenía el carné de moto que se exigía en las bases, ha ganado su demanda en tres instancias judiciales. En diciembre de 2016 el Juzgado Número 3 de Santander falló que se habían «vulnerado» las bases de la oposición, al admitir por resolución de Alcaldía a un aspirante que no cumplía los requisitos de la convocatoria. En junio de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificó esa sentencia, desestimando los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento de Torrelavega y por el opositor que obtuvo la plaza.
El mes pasado, el Supremo dio de nuevo la razón al denunciante. Jesús Campuzano, que tras conocer el fallo valoraba que «por fin se ha hecho justicia», satisfecho por haber resuelto favorablemente un «gran problema» que acarrea desde hace casi tres años.
Muy diferente es el punto de vista del policía cesante, cuyo padre, Javier San José, convocaba a los medios de comunicación para exigir al Ayuntamiento que le mantenga en el puesto, porque el servicio «tiene pocos efectivos», y porque su hijo ha hecho mucho «esfuerzo y sacrificio». Además, advertía que «en caso de despido» la familia tomará medidas y llegará «hasta donde haga falta», incluida denuncia y reclamación de una indemnización al Ayuntamiento, al que culpabilizan de lo ocurrido.
Mientras, y a pesar de que este proceso supondrá un gran desembolso para las arcas municipales –al tener que pagar los sueldos de los dos opositores, más los costes judiciales-, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero, rechaza que nadie en el Ayuntamiento tenga responsabilidad por lo ocurrido. «Yo creo que el Ayuntamientoha actuado dentro de la legalidad en todo momento y es lamentable que ya un año antes de las elecciones se esté haciendo demagogia barata con este tema», ha afirmado.