El Pleno de Torrelavega reclamará al Gobierno regional que los 11,2 millones de euros anunciados para fomentar el empleo en la comarca del Besaya se destinen íntegramente en este municipio y que se consignen los Presupuestos de Cantabria con partidas nominativas, que garanticen esos fondos y su destino, y que se gestionen desde el Ayuntamiento. La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE, PRC y ACPT, y en contra del PP.
La oposición considera que la situación de «emergencia» que vive Torrelavega, con un 27% de desempleo, el índice más alto de la región y por encima de la media nacional, requiere que los 11,2 millones se utilicen para generar puestos de trabajo, aunque también piden que se compense al resto de municipios de la comarca con otras partidas.
Los portavoces del PSOE, PRC y ACPT que han apoyado la moción presentada por los regionalistas han manifestado sus dudas de que finalmente el municipio reciba ese dinero, y han recordado que en otras ocasiones se han producido anuncios de financiación para Torrelavega que nunca ha llegado.
En cambio, la portavoz del PP ha defendido que es una partida de una cuantía «nunca vista» que demuestra el compromiso del Gobierno regional con la comarca del Besaya, y ha señalado que «si se hacen las cosas bien» y «a tiempo» ese dinero ayudará a mejorar la situación económica. María Luisa Peón ha calificado la moción de «brindis al sol» de la oposición.
Equipo de Gobierno y oposición han mantenido un intenso debate en torno a esta moción. El concejal regionalista Pedro Pérez Noriega ha dicho a Peón que cada vez que la escuchaba se «enfadaba más», porque era incapaz de asegurar cuánto de esos 11,2 millones de euros para la comarca van a llegar a Torrelavega, «porque no lo sabe y tampoco se ha preocupado de preguntárselo a Diego».
El pleno también ha aprobado hoy, con los votos de PP y PSOE, la liquidación del contrato de redacción del Plan General de Ordenación Urbana con la empresa Prointec, mientras que PRC y ACPT se han abstenido, valorando que la decisión puede tener graves consecuencias económicas y de plazos. Socialistas y regionalistas han conseguido que se rechace la propuesta del PP para aprobar un nuevo pliego de condiciones para adjudicar la revisión del Plan General.
El PP sí ha conseguido aprobar, aunque con la abstención de PSOE y PRC, el modificado del proyecto del Centro de Adultos de La Inmobiliaria. La necesidad de modificar el sistema de construcción ante el riesgo de derrumbe de los taludes que rodean el solar, costará al Ayuntamiento 123.000 euros. La oposición ha pedido que se determinen las responsabilidades políticas y técnicas de que, apenas un mes después de comenzar las obras de uno de los proyectos emblemáticos del Urban, se hayan tenido que paralizar los trabajos y encarecer el coste de ejecución.
La Corporación ha aprobado por unanimidad rechazar la reclamación de una empresa inmobiliaria, que pide al Ayuntamiento 4 millones de euros en concepto de compensación por lo que considera incumplimiento del convenio suscrito hace diez años, por el que varias parcelas en la finca de La Carmencita pasaron a propiedad municipal a cambio de un aumento de los aprovechamientos urbanísticos de otros solares que la firma tenía en la zona de Coteríos.
Por otro lado, el Pleno no ha dado la aprobación definitiva a la Ordenanza Municipal Reguladora de la Prestación de los Servicios Sociales de Atención Domiciliaria, Teleasistencia Domiciliaria y Comida a Domicilio. La oposición ha considerado que una ordenanza de nueva redacción no puede comenzar con una enmienda y ha encomendado al equipo de Gobierno que mejore sus contenidos antes de someterla a aprobación.
En el Pleno se ha leído un manifiesto con motivo de la celebración el pasado día 25 del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, suscrito por todos los grupos de la Corporación, condenando la «lacra» de los malos tratos y se ha guardado un minuto de silencio por las 46 víctimas mortales que se han producido este año.
La oposición ha apoyado este punto, pero ha recordado al equipo de Gobierno la denuncia que ayer realizaba el sindicato UGT sobre la imposibilidad de la Policía Local de atender a las víctimas de la violencia de género por la falta de medios.
A la sesión han asistido trabajadores de Konecta que han mostrado durante el pleno sus críticas a las políticas de empleo e industrialización del Partido Popular. Especialmente críticos han sido con el alcalde, Ildefonso Calderón y su actuación durante el conflicto laboral que supondrá la desaparición de 150 empleos en Torrelavega. Los trabajadores han acusado a Calderón de «no hacer nada» para intentar evitar que Konecta cerrase su sede y plantease a su personal el traslado a Valladolid o la extinción de sus contratos.
La policía local y el alcalde hicieron valer las restricciones de público a 30 personas para impedir el acceso de buena parte de los trabajadores de Konecta. La intervención de los que accedieron al salón de plenos reclamando la presencia de sus compañeros y su advertencia de impedir el desarrollo de la sesión en caso contrario, hizo que el alcalde aceptara que el resto de trabajadores siguiera la sesión desde las escaleras.