El Pleno ha dado el visto bueno para que la empresa Popular Cantábrica, del Grupo Alsa, asuma la gestión del servicio de transporte urbano de Torrelavega, sustituyendo a Transitia-Pavigom, adjudicataria del Torrebus. La petición presentada por ambas empresas ha sido respaldada por toda la Corporación a excepción de ACPT, cuyo único concejal ha votado en contra.
El responsable de Movilidad, Pedro Aguirre (PSOE) ha explicado que la cesión de la gestión era una posibilidad prevista en el contrato y ha asegurado que no afectará al funcionamiento interno del transporte urbano, y por tanto tampoco a usuarios ni trabajadores del Torrebus. Además, ha mostrado su confianza en que la nueva empresa hará que «funcione» el servicio y se «afiance» el Torrebus.
El portavoz del PRC, Pedro García Carmona, ha señalado que la nueva empresa gestora «subroga todos los derechos y obligaciones» del servicio. «La implantación, profesionalidad y trayectoria que tiene Alsa nos hace pensar que el cambio será para mejor», ha dicho.
También el PP confía en que el cambio suponga una mejora en la gestión frente a una empresa que ha dado «más que quebraderos de cabeza» al Ayuntamiento durante estos tres años de funcionamiento del Torrebus, ha señalado el concejal Alejandro Fernández Berjano, que ha pedido que se mantenga la actual estructura del servicio (líneas, horarios, paradas…) porque está «muy consolidada».
Mientras, Iván Martínez (ACPT), ha justificado su voto en contra en la convicción de que el transporte urbano debería ser prestado por una empresa pública. Además, aunque ha mostrado sus dudas en que Alsa mejore el servicio por sus «antecedentes» en otras líneas del municipio, cree que «peor que los que han estado será imposible», calificando de «nefasta» la gestión de Transitia.
En cuanto a la concejal no adscrita, Blanca Rosa Gómez Morante, ha abogado por volver a trabajar en la «comarcalización del transporte» urbano y «reiniciar» las conversaciones con la Dirección General de Transporte del Gobierno de Cantabria en este sentido.
El Pleno también ha aprobado, con la abstención de ACPT, la adjudicación definitiva de los trabajos de para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al gabinete madrileño Andrés y Masiá en 395.307 euros. La empresa presento una baja del 26,7% sobre el precio de licitación y también se comprometió a reducir de 36 a 31 meses el cronograma establecido en el pliego de condiciones.
PSOE, PRC y PP han coincidido en la necesidad de «agilizar» los trabajos para sacar adelante el nuevo Plan General de Torrelavega. El portavoz de ACPT ha explicado que su voto en contra debe verse «en positivo» y se debe a que los grupos han estado «al margen» de los criterios de adjudicación y de las deliberaciones del comité de expertos nombrado por el equipo de Gobierno que eligió, entre las dos presentadas, la oferta de Andrés y Masiá.
El Pleno también ha aprobado, de nuevo con el voto en contra de ACPT, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para encajar la contratación temporal de 203 trabajadores para los Proyectos de Interés Social del año 2015 que se desarrollarán a partir de febrero, cuyas retribuciones serán inferiores a las establecidas en el convenio colectivo municipal y el acuerdo Corporación-Funcionarios.
Martínez ha justificado su negativa en la oposición de su grupo a que ninguna persona que trabaje para el Ayuntamiento tenga «un sueldo mínimo inferior a los 1.000 euros». La concejal de Persona, Ana Gómez (PSOE), ha apuntado que si el Ayuntamiento tiene la oportunidad de «solucionar, aunque sea puntualmente» la situación de 240 desempleados (los 203 mencionados y otros 37 que serán contratados por el Serca) «lo vamos a hacer».
Unas contrataciones que han recibido el apoyo de todos los grupos de la Corporación, al igual que la propuesta de abono a los funcionarios municipales de 44 días devengados de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
Otros asuntos aprobados han sido la prórroga del contrato a la empresa que se encarga de los trabajos de limpieza de centros públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas; la aprobación provisional del modificado 52 del Plan General para posibilitar la instalación de cafeterías y bares en el área M-14, conocida como Jardines de la Vega; y la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para el traslado de los talleres municipales en Campuzano.