Podemos ha defendido hoy una propuesta que busca que el Gobierno de España elabore un Plan de Reindustrialización Sostenible de las comarcas del Besaya y Campoo, dotado con una cuantía de 250 millones de euros en un programa pluarianual de cuatro años con un calendario de inversiones de 100 millones el primer año, 75 millones el segundo, 50 en el tercero y 25 millones en el cuarto año.
Podemos ha propuesto que el reparto geográfico de la cuantía total sea de 225 millones para la comarca del Besaya y 25 millones de euros destinados a la comarca de Campoo, cuya distribución anual sería proporcional.
José Ramón Blanco ha explicado que «los planes de ajuste y la incertidumbre sobre el futuro de empresas industriales de referencia como Sniace, Solvay, Greyco, Sidenor, han deprimido económica y socialmente estas zonas llevando la tasa de paro hasta el 20,2% a mediados de 2016, actualmente continuamos en esa franja de desempleo, habiendo
llegado al 27,2% en 2013 según la EPA».
La dureza de la crisis económica en Cantabria ha provocado que el PIB per cápita cántabro se sitúe por debajo del 90% de la media nacional y sea similar al PIB per cápita cántabro del año 2005, pudiendo así hablar de una «auténtica y dramática» década perdida para la economía de Cantabria, con un 20,4% de la población cántabra viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto se explica por la ausencia de desarrollo de actividades terciarias de alto valor añadido, la pérdida de actividad del sector primario tradicional y, fundamentalmente, a la desindustrialización.
Este proceso de desindustrialización ha supuesto la pérdida de más de 15.000 empleos en la industria desde 2008 y se ha sufrido con especial intensidad en las comarcas del Besaya y Campoo, zonas que fueron tradicionales motores económicos e industriales de Cantabria y que han focalizado la mayoría de despidos y cierres del sector industrial en Cantabria. En estas zonas viven en torno a 120.000 personas, el 20,3% de la población de Cantabria, que han sufrido un continuo deterioro económico por la pérdida de competitividad y la deslocalización industrial, agravado por los cierres y quiebras producidos durante la crisis, que ha generado un alto índice de desempleo, emigración y una precarización intensa.
Las principales vías de actuación y el desglose de cantidades se realizaría de la siguiente manera: 30 millones de euros destinados a ayudas para la modernización de industrias en riesgo de deslocalización para la adquisición de maquinaria, patentes o transformación de procesos productivos que permitan incrementar la productividad y competitividad; 30 millones en ayudas para incrementar la eficiencia energética, la reducción de emisiones y residuos procedentes del proceso productivo; 5 millones cuyo fin serían ayudas para la búsqueda de nuevos mercados, internacionalización de las empresas, aprovechamiento de cadenas globales de valor y fomento de las exportaciones de bienes y servicios; 50 millones en incentivos para la atracción de nuevas empresas, inversión extranjera directa y participación en sociedades mixtas; 20 millones para el desarrollo de nuevo suelo industrial (respetando el medioambiente y las zonas agropecuarias) y readaptación del ya existente; 100 millones para mejorar las infraestructuras de transportes para reducir el coste del transporte de mercancías y evitar colapsos circulatorios motivados por la nueva actividad económica y 15 millones para la atracción del talento, mejora del capital humano y la formación continua de los trabajadores.