El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha aprobado el decreto por el que se fijan los servicios mínimos establecidos en el Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana para la jornada de huelga convocada por la plantilla en contra del traslado de residentes a la Fundación Asilo de Torrelavega.
Los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Cantabria superan el 42% de la plantilla del CAD durante los turnos de mañana y tarde y llegarán al 100% en el de noche.
Según explica el Ejecutivo, para garantizar el funcionamiento del centro, que cuenta con 97 usuarios, ha incluido en los servicios mínimos a 67 trabajadores de los 158 con que cuenta el CAD.
En el turno de mañana se fijan los servicios mínimos en 1 diplomado en enfermería, 4 técnicos superiores de integración social, 19 técnicos sociosanitarios, 1 técnico de cocina, 1 operario de cocina, 1 subalterno y 8 empleados de servicios.
El turno de tarde estarán adscritos a servicios mínimos 1 diplomado en enfermería, 3 técnicos superiores de integración social, 13 técnicos sociosanitarios, 1 técnico de cocina, 1 operario de cocina, 1 subalterno, y 4 empleados de servicios.
En el turno de noche, el Gobierno fija los servicios mínimos en el 100% de la plantilla, es decir, 1 diplomado en enfermería, 6 técnicos sociosanitarios, y 1 subalterno.
Los paros a los que están convocados los trabajadores del centro serán de dos horas en cada turno, que irán desde las 8.30 a las 10.30 en el turno de mañana; de 19.30 a 21.30 en el de tarde, y entre las 22.00 y las 24.00 en el turno de noche.
Esta es la segunda jornada de huelga convocada en el CAD de Sierrallana. La anterior, que tuvo lugar el 15 de junio, tuvo un seguimiento del 27,74%.
La plantilla advierte una «privatización encubierta» tras el anunciado por el ICASS como un traslado temporal de 24 usuarios a la residencia privada de la Fundación Asilo durante aproximadamente dos años para la realización de labores de desinsectación y obras de mejora en uno de los módulos del centro. Los trabajadores han convocado diferentes movilizaciones y paros para pedir la paralización de la medida, que también ha sido criticada por las familias de los usuarios.
Desde el ICASS y el Gobierno de Cantabria se justifica la medida en la necesidad de garantizar la «seguridad» de los usuarios y de mantener la «calidad asistencial» del CAD.