El equipo de Gobierno de Torrelavega se ha reunido hoy con el comité de empresa de Sniace para conocer la situación en que se encuentra el proceso judicial y laboral de la factoría. Ésta ha sido la primera reunión oficial que los representantes de los trabajadores mantienen con el nuevo equipo de Gobierno y ha servido para detallar los distintos pasos y trámites que deben superarse para conseguir la anunciada reapertura de la fábrica en el mes de octubre.
Sniace se encuentra en un momento crítico del proceso, a la espera de que el juez emita la sentencia del levantamiento del concurso de acreedores –superado por la empresa en el mes de marzo-, necesaria para presentar antes del 13 de octubre el acuerdo laboral ante el Tribunal Supremo y que autorice la reversión de los despidos de la plantilla. Según las informaciones que baraja el comité, la sentencia podría hacerse pública esta misma semana.
Esa sentencia es también necesaria para que Sniace pueda volver a cotizar en bolsa –algo que la dirección pretendía hacer en septiembre- y de forma inmediata sacar una ampliación de capital de 15,5 millones con la que financiar la reapertura de la fábrica.
El comité ha explicado todas estas circunstancias al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y al primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, con los que han estado reunidos unos 40 minutos, y a los que han transmitido que «en octubre nos la jugamos».
Al término de la reunión, el secretario del comité, Antonio Pérez Portilla, ha señalado que también han informado a los representantes municipales de los numerosos contactos mantenidos en los últimos meses con el nuevo Gobierno de Cantabria, tanto con su presidente, Miguel Ángel Revilla, como con la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y diferentes Consejerías cuyas competencias toman parte en la situación de Sniace, como la de Industria o la de Economía.
Pérez Portilla ha apuntado que en este momento del proceso son las gestiones ante el Gobierno regional las que cobran mayor relevancia, aunque «es importante el apoyo del Ayuntamiento para todo lo que queda por delante», porque «si cumplimos el objetivo de arrancar en octubre queda bastante tarea que hacer».
La delicada situación de la plantilla ha sido otra de las cuestiones tratadas. La mayoría de los trabajadores han agotado ya las prestaciones por desempleo y hasta que el Tribunal Supremo apruebe la reversión de los despidos y entre en vigor el plan laboral firmado en octubre por empresa y comité no podrán empezar a cobrar el «salario social» de 800 euros mensuales previsto en el acuerdo hasta la reincorporación a sus puestos en unos casos y la jubilación en otros.
En el caso del colectivo de trabajadores jubilables, ha recordado Pérez Portilla, este mismo lunes se celebraba una asamblea de urgencia para analizar su situación, dado que el retraso en el levantamiento del concurso ha bloqueado los trámites de jubilación para algunos y la firma de la póliza a la que se acogerán otros hasta llegar a la edad legal de jubilación. En ambos casos, supone que la mayoría de estos operarios mayores de 59 años queden a expensas de las ayudas sociales que prevé la ley para los mayores de 55 años o las de «agotamiento de prestación por desempleo» para los mayores de 61 años que se han quedado sin paro.
El 13 de octubre es la fecha definitiva parara conocer el futuro de Sniace y de su plantilla