El equipo de Gobierno PSOE-PRC de Torrelavega ha pedido un informe del Secretario y el Interventor municipal para estudiar las posibilidades legales para anular el proceso de licitación de la recogida de basuras que inició el anterior alcalde y que concluye el plazo de presentación de ofertas el 23 de marzo.
La alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón, ha explicado que se trata de ver que fórmulas legales pueden utilizarse para paralizar el concurso sin que ello dé lugar a reclamaciones de las empresas que se han presentado al concurso o que pueda suponer un coste económico a las arcas municipales.
A preguntas de los periodistas Ruiz Salmón ha reiterado que el equipo de Gobierno mantiene su intención de suspender la licitación de la recogida de basuras, a la que PSOE y PRC se oponen por considerar que supone la privatización de un servicio público sin garantizar que vaya a mejorar la calidad del mismo y la rentabilidad para el Ayuntamiento.
Una vez se conozca el informe de la Secretaría y la Intervención, se tomará una decisión al respecto, ya que si anular el concurso supusiera unos «costes inasumibles» se deberían valorar otras posibilidades, ha explicado la alcaldesa.
El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicaba este martes el concurso, con la ampliación del plazo de presentación de ofertas hasta el 23 de marzo.
El ex alcalde Ildefonso Calderón (PP) decidió a finales del pasado mes de noviembre convocar mediante decreto de Alcaldía el concurso de adjudicación del servicio de recogida de basuras por un plazo de dos años y un precio de licitación de 2.970.000 euros, ampliables a 4,5 millones en caso de prorrogar la adjudicación un año más.
Desde la entonces oposición, PSOE y PRC denunciaron que Calderón, pretendía adjudicar mediante un «decretazo» y acogiéndose a un «resquicio legal» la recogida de basuras, ante su incapacidad para regular el servicio y para conseguir el consenso necesario para llevar a pleno la propuesta con garantías de sacarlo adelante.
Entre otras cosas, criticaban que las condiciones de adjudicación eliminaban la recogida los domingos, disminuían la periodicidad en los pueblos y barrios de la periferia, lo que socialistas y regionalistas entendían como un agravio entre unas y otras zonas del municipio, como si hubiera «ciudadanos de primera y de segunda».