El empresario Luis del Río, denunciado por presunta manipulación del convenio urbanístico de La Carmencita, declarará este viernes, día 21, como imputado ante el Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Torrelavega. El convenio de La Carmencita fue suscrito en mayo de 2003 por su empresa, Terrenos de Adarzo, y el Ayuntamiento de la capital del Besaya, al que ahora reclama 4,5 millones de euros por incumplimiento del acuerdo.
La declaración del empresario, prevista inicialmente para el 27 de mayo, ha sido adelantada por el magistrado. La declaración busca determinar su participación en los hechos denunciados por ACPT, en los que acusa al imputado y al entonces alcalde, el regionalista Javier López Marcano, de haber «manipulado» el convenio por el que el Ayuntamiento se hizo con la propiedad de dos fincas en La Carmencita, permutadas por aprovechamientos urbanísticos en el Plan Parcial Coteríos.
El caso se trató en el TSJC al ser López Marcano aforado en su condición de diputado regional y el tribunal rechazó admitir a trámite la denuncia contra el ex alcalde por que los hechos denunciados estaban prescritos. Sin embargo, remitió las actuaciones a los Juzgados de Torrelavega, para que instruyeran la parte de la denuncia contra el responsable de Terrenos de Adarzo, que ahora ha sido citado como imputado.
Terrenos de Adarzo presentó hace varios meses un contencioso contra el Ayuntamiento de Torrelavega, reclamando 4,5 millones de euros por incumplimiento del convenio urbanístico. Luis del Río argumenta en su reclamación que los aprovechamientos obtenidos a cambio de las fincas de La Carmencita no pudieron ejecutarse al no desarrollarse el Plan Parcial Coteríos.
ACPT denunció que la empresa compró las fincas que formaban La Carmencita en 937.578 euros «dos días antes» del pleno que aprobó el convenio urbanístico, en el cual los terrenos se valoraron en 3.895.678 euros, y todo ello «sin que se comprobasen las escrituras de propiedad» del solar.
Además, la formación política señala que la cláusula del convenio en que la promotora basa su reclamación económica contra el Ayuntamiento es «diferente» en el texto aprobado en el pleno y el registrado después ante notario.