La sección sindical de la Asociación de Policía Local de Cantabria (APLC) en Torrelavega denuncia que el Ayuntamiento «se pasa por el forro de sus caprichos» el reglamento municipal que regula la solicitud de asistencia jurídica a los agentes. Según explican, se han producido varias resoluciones denegando y dilatando los trámites de asistencia a agentes que, como consecuencia directa del desempeño de sus funciones, han sufrido lesiones, insultos o amenazas.
APLC recuerda que el acuerdo Corporación-Funcionarios recoge que el Ayuntamiento «garantizará la defensa jurídica y asistencia letrada a los funcionarios que la preci¬sasen por razón del ejercicio legítimo de sus funciones o cargo público» en su condición de «demandado o perjudicado», algo que se hace en el resto de municipios españoles y se aplicaba en Torrelavega hasta hace poco.
«En alguna ocasión los propios concejales han acudido al juzgado con los gastos de su abogado cubiertos por el Ayuntamiento, a pesar de tratarse de circunstancias más cercanas a la política que a su estricta labor de concejal, sin embargo se niega la asistencia jurídica a los trabajadores que realmente les corresponde», critican.
El reglamento municipal establece que la solicitud de asistencia jurídica se resolverá «con la urgencia necesaria para garantizar la asistencia pedida, y en todo caso en el plazo máximo de 10 días». Sin embargo, recientemente se ha denegado asistencia a un agente transcurridos más de 4 meses desde la presentación de la correspondiente solicitud y «cuando el juicio ya se había celebrado».
Del mismo modo, está en trámite la solicitud de otro agente que sufrió lesiones durante una intervención que «se está ralentizando con vagos argumentos» y sin respetar los plazos. En una de las resoluciones se argumenta que fue el policía el que interpuso la denuncia. Una justificación «absurda» para APLC, dado que, cuando cualquier ciudadano y también un policía local, «es objeto de amenazas o ante una situación que lesiona su honor», es el propio perjudicado quién debe formalizar la denuncia. «Parece que no se han molestado ni en leer la sentencia», explican, en la que la magistrada afirma que la intervención policial no justifica un ataque verbal hacia el agente «con la intimidación de poner en peligro su propia vida» y en todo momento se refiere al denunciante como «agente de policía en el ejercicio de sus funciones».
APLC ha denunciado que los «diezmados servicios» y la «absoluta falta de previsión» en la Policía Local dificulta el cumplimiento de su labor y «compromete mucho más allá de lo que la profesión exige, la integridad de los agentes». También han solicitado «hasta la saciedad» que el alcalde defienda «su cuerpo de policía» frente a los «continuos e injustificados ataques en redes sociales», sin que nunca haya «dado la cara».
Además, creen que el «abandono» que sufren demuestra una «cada vez más evidente animadversión» de la Concejalía de Recursos Humanos hacia la plantilla de Policía Local, negando «el derecho tan básico como lógico» de que los agentes acudan al Juzgado asistidos por un letrado.