El Ayuntamiento de Torrelavega requerirá judicialmente al Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que asuman sus competencias en la eliminación de las filtraciones en La Turbera. En los próximos días, el Consistorio presentará un requerimiento, previo y preceptivo, a la interposición de la reclamación judicial para que intervengan en el problema de filtraciones de agua en ese barrio de Torres.
El concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca (PSOE), ha comunicado hoy a los representantes de la Unión Vecinal y de la Asociación de Vecinos de Torres, que los servicios jurídicos municipales ya están trabajando en la preparación de dicho requerimiento y están recabando nuevos informes para tener una base jurídica sólida en el citado proceso.
En la reunión, solicitada por la Unión Vecinal, también han estado los portavoces de todos los grupos políticos, y durante casi tres horas se han barajado todas las opciones posibles para solucionar el problema de las filtraciones.
Urraca ha manifestado que, en su opinión, el Gobierno de Cantabria también debería tomar parte en este tema, ya que tiene alguna competencia a la hora de prestar asesoramiento técnico y jurídico a los Ayuntamientos.
El concejal ha explicado que durante el último año el Ayuntamiento ha puesto en marcha «todas las medidas posibles» para solucionar el problema. Pero «nosotros tenemos siempre que actuar dentro del terreno de la legalidad, este es un tema muy serio y tenemos que funcionar con informes técnicos documentados», ha matizado.
Un aspecto en el que también ha incidido el teniente alcalde, Pedro García Carmona (PRC). «somos conscientes de que los vecinos lo único que quieren es que su problema se solucione, pero desde el Ayuntamiento tenemos que actuar dentro de la legalidad y no podemos gastar directamente ese dinero porque no somos la institución competente».
Según han recordado los miembros del equipo de Gobierno, el nuevo marco normativo que impone la ley de sostenibilidad de la administración local, aprobada por el PP, «nos impide actuar», de ahí que se haya llegado a la vía judicial después de haber agotado todas las alternativas.
Los técnicos municipales han informado que el Ayuntamiento no es competente en la ejecución de las obras que el estudio de la Universidad de Cantabria planteó para eliminar el problema de filtraciones de agua en La Turbera, y por tanto los 200.000 euros consignados en el presupuesto municipal para financiar esos trabajos no pueden ser ejecutados.