El ayuntamiento ha dado a conocer las decisiones adoptadas en la Junta de Portavoces celebrada hoy y en la que se han abordado dos temas «importantes» para la ciudad como son el futuro del complejo deportivo Oscar Freire y de la casita del Padre Coll, y la contratación de la limpieza de los edificios municipales.
En el caso relacionado con la empresa Sniace y con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torrelavega en relación a la demanda presentada por esta empresa contra el Ayuntamiento sobre el desahucio de dichas instalaciones, en la que se estima la misma, declarándose resuelto el contrato entre ambas entidades y condenando al Ayuntamiento ha dejar libre los inmuebles, el alcalde, José Manuel Cruz Viadero; y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, han informado que la Junta de Portavoces, «por unanimidad de los presentes» (faltaba el portavoz de Torrelavega Puede), ha decidido recurrir la sentencia y, a la vez, solicitar la suspensión del alzamiento.
En opinión del alcalde, es la «mejor» decisión y se ha tomado tras «escuchar» a los técnicos municipales y «pensando en el interés de Torrelavega y de los usuarios de las instalaciones».
Por su parte, López Estrada ha indicado que, de forma paralela, el Ayuntamiento va a continuar con el expediente de expropiación de dichas instalaciones ya iniciado. El calendario «es claro», ha dicho. La Comisión Informativa de Obras que se va a convocar para el próximo martes rechazará el recurso de reposición presentado por Sniace a dicho expediente. Se finalizará y se aprobará la hoja de aprecio (valoración municipal de dichas instalaciones), la misma se remitirá a Sniace que podrá aceptar o rechazar la valoración y, en caso de que la rechace, el expediente se remitirá al Tribunal Provincial de Expropiación que deberá determinar «cual es el precio justo». En el momento en que dictamine, el Ayuntamiento estará en disposición de firmar el acta de ocupación previo pago de la cifra que haya resuelto el Tribunal. A partir de ahí, Sniace podrá interponer recurso solicitando mayor cuantía económica, pero «ya los terrenos ya serán propiedad municipal», con la «obligatoriedad» de que, si algún tribunal dicta que el precio es superior al que dijo el Tribunal de Expropiación, el Ayuntamiento deberá pagar la diferencia.
En relación al contrato de limpieza de edificios municipales, Cruz Viadero y López Estrada han informado a los portavoces municipales del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Sala de lo Contencioso-Administrativo en el que se traslada al Ayuntamiento su acuerdo de «desestimar la medida cautelar de suspensión de la ejecución de la resolución de 1 de noviembre de 2017 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y resolución aclaratoria del citado tribunal». En dicha resolución, han recordado, el TACRC anulaba los criterios de adjudicación 5º (fomento de la estabilidad y calidad en el empleo) y 6º (plan de carrera) del pliego de condiciones administrativas aprobado por «unanimidad» de la Corporación para la contratación del Servicio de Trabajos de Limpieza de centros públicos, dependencias municipales, instalaciones deportivas y otras atenciones.