El Ayuntamiento de Torrelavega ha recibido otro nuevo varapalo en los tribunales, que han rechazado su reclamación al arquitecto del Centro de Emprendedores de La Carmencita, Javier Rodríguez Alcoba, al que exigía 42.599 euros por los daños y perjuicios causados debido a los defectos e insuficiencias en el proyecto de obra. La sentencia del Juzgado Número 1 de Santander, a la que ha tenido acceso HoyTorrelavega, estima íntegramente la demanda del arquitecto, anulando la resolución del Ayuntamiento que exigía la indemnización económica y condenando, además, al Consistorio a costas.
Aunque contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, en principio la intención del equipo de Gobierno es no recurrir, han señalado a HT fuentes municipales.
El Consistorio determinó en 85.199 euros los daños y perjuicios causados por los «defectos e insuficiencias» en el proyecto de obra y en una resolución del 21 de marzo de 2016, resolvió exigir al adjudicatario del proyecto de obra ‘Centro de Emprendedores del Barrio La Inmobiliaria’, en base al contrato, el 50% de esa cuantía.
La valoración de los daños se hacía sumando 10.565 euros por la retirada de amianto en el tejado de fibrocemento de una caseta existente junto a la bolera que había en el solar; 69.233 euros por la indemnización a la UTE contratista de las obras, por la resolución de mutuo acuerdo del contrato; y 5.440 euros de gastos de personal e instalaciones generales.
La presencia de amianto en el techado de la caseta fue denunciada por ACPT, grupo político que encabezaba la oposición a la construcción en La Carmencita del Centro de Emprendedores, proyecto estrella del programa Urban de La Inmobiliaria.
Rodríguez Alcoba recurrió a la vía contenciosa-administrativa, alegando no ser «responsable» de dichos perjuicios ni haber incurrido en «negligencia profesional» al no detectar la existencia de amianto, que en cualquier caso no sería el único motivo que retrasó la obra. Para el arquitecto, fueron «los conflictos políticos internos y con la constructora» las verdaderas causas del retraso.
El Ayuntamiento, en cambio, esgrimía que la suspensión de la obra estuvo motivada por la necesidad de redactar un modificado para retirar el fibrocemento aparecido tras demoler la caseta, que el arquitecto «debió prever y contemplar en su proyecto original». Para el Consistorio, fue la «falta de diligencia a la hora de detectar el amianto» la «única causa» de la suspensión», puesto que otros factores «no fueron concluyentes».
En la sentencia, el magistrado analiza si el tejado de uralita era visible bajo el recubrimiento de hormigón del tejado; si los técnicos municipales debían haber informado de la presencia de esa uralita; y la posterior aparición de más amianto en una tubería de fibrocemento de una antigua instalación municipal y de un cable de fibra óptica. Las tres cosas, dice el juez, que obligan a parar la obra.
Finalmente, el magistrado falla que «no existe la causa o vicio denunciada y la demanda debe ser estimada», anulando la resolución del Ayuntamiento exigiendo la indemnización al arquitecto.