El Ayuntamiento de Torrelavega no volverá a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que de nuevo ha dado la razón al aspirante a Policía Local que denuncio el proceso y reclamó la plaza adjudicada a otro candidato que no cumplía los requisitos de la convocatoria y que ya se incorporó al servicio hace año y medio.
Tras perder varios juicios e incrementar el coste del proceso legal para el Consistorio, finalmente se acepta el pronunciamiento de los tribunales, que en varias instancias han fallado que se «vulneraron» las bases de la oposición, porque uno de los dos aspirantes que sacaron plaza no cumplía el requisito exigido de estar en posesión del carné de conducir A.
Según las sentencias judiciales, el Ayuntamiento está obligado a nombrar funcionario en prácticas de la Policía Local al recurrente, que quedó tercero en la oposición para cubrir dos plazas en el servicio, mientras que el opositor que tomó posesión de la plaza en noviembre de 2015 deberá abandonarla. Además, deberán pagar al demandante los salarios dejados de percibir desde que debiera haber entrado en la policía.
El concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, ha confirmado a HoyTorrelavega que el Ayuntamiento descarta seguir litigando, como ya defendían muchas voces, incluso dentro del propio equipo de Gobierno, entendiendo que solo serviría para incrementar las costas judiciales y la indemnización al demandante. Según fuentes sindicales, el coste de este asunto para el Consistorio podría rondar los 120.000 euros.
«Ante la última sentencia, y analizados todos los pormenores, en principio, la voluntad del equipo de Gobierno es la de no presentar recurso de casación y, por lo tanto, aceptar la situación», ha señalado Urraca. Aunque ha precisado que, «no se ejecutaría la sentencia hasta que fuese firme, porque cabe la posibilidad de que la otra persona afectada si pueda presentar recurso».
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en la sentencia que avanzaba HoyTorrelavega el pasado martes, desestimó los recursos de apelación presentados por el Ayuntamiento y por el opositor que obtuvo la plaza, ratificando la sentencia del Juzgado Número 3 de Santander de diciembre de 2016, que falló se habían «vulnerado» las bases de la oposición, al admitir por resolución de Alcaldía a un aspirante que no cumplía los requisitos de la convocatoria.
La sentencia ratificada por el TSJC condena a la administración a nombrar policía en prácticas al recurrente,»dejando sin efecto la relación de aspirantes aprobados respecto al codemandado» y «excluyendo» del proceso al aspirante que no cumplía los requisitos de la convocatoria.
Así, fallan que los requisitos marcados en la convocatoria, entre ellos el carné de conducir A y B, «deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias», que fue el 13 de febrero de 2012. Sin embargo, en esa fecha el aspirante que obtuvo la plaza «estaba en posesión de carnet de conducir A2, expedido el 28 de Febrero de 2011, no del A exigido por las bases de la convocatoria».