El Ayuntamiento de Torrelavega está negociando con Sniace la adquisición de diferentes inmuebles y fincas que la empresa tiene repartidas por la ciudad, que se financiarían con cargo a la deuda privilegiada que la empresa mantiene con el Consistorio. La empresa está «abierta a llegar a acuerdos», aunque el desencuentro se produce por la valoración económica que cada una de las partes hace de esas fincas e inmuebles.
El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, ha explicado a HoyTorrelavega que se trata de propiedades «que no condicionan para nada el entramado industrial de Sniace» y, por el contrario, su mantenimiento le está «costando dinero» a la empresa. «Son espacios que al Ayuntamiento sí que le pueden venir bien, porque están en zonas urbanas o cercanos a otras propiedades públicas», con lo cual, «a nivel municipal nos interesa llegar a acuerdos y estamos abiertos a negociar», ha señalado el concejal.
Las propiedades son de diversa índole, y hay pequeñas parcelas, varias de las cuales incluso ya han sufrido algún tipo de expropiación y han quedado en el límite de algunas otras fincas, y edificaciones, incluidas algunas que ya están siendo utilizadas por el Ayuntamiento o por otras entidades públicas o asociaciones.
Es el caso de la conocida como ‘Casita del Padre Coll’, en el barrio San Gil, que está siendo utilizada por AMICA como vivienda de formación para la vida independiente de personas con discapacidad, y el almacen situado junto al inmueble. También una propiedad en Barreda, donde el inmueble existente fue demolido por su mal estado pero el solar podría utilizarse como aparcamiento gratuito disuasorio.
Pérez Noriega ha reconocido que el tema de la adquisición municipal de las propiedades no productivas de Sniace es «un tema recurrente, que está sobre la mesa cada vez que nos reunimos» con la empresa. Sin embargo, «los intereses son contrapuestos», ha dicho, y Sniace «pretende que el valor económico» de esas propiedades «sea más alto del que el Ayuntamiento puede pagar».
Sniace tiene en este momento una deuda con el Ayuntamiento de 1,8 millones de euros, a la que habría que detraer la cantidad reconocida en la última comisión de Hacienda por el disfrute en precario de las instalaciones del complejo deportivo Oscar Freire desde el vencimiento del contrato en 2011 hasta la actualidad. La propuesta del Ayuntamiento es reconocer una deuda por el uso de las instalaciones deportivas de unos 600.000 euros, frente a los cerca de 900.000 que reclama la empresa.