El Ayuntamiento de Torrelavega está estudiando si se recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ha declarado improcedente el despido de un trabajador del SERCA, o se valora una fórmula para readmitir al operario que tenía un contrato relevo. El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, ha señalado que tiene diez días para estudiar si se recurre la sentencia, pero «la única decisión tomada es que no se va a indemnizar al trabajador».
La Sala de lo Social del TSJC ha declarado improcedente el despido en junio de 2016 de un trabajador del centro especial de empleo SERCA, y condena al Ayuntamiento a readmitirlo o a indemnizarlo con 2.425,99 euros. El TSJC estima así el recurso interpuesto por el trabajador y revoca el fallo del Juzgado de lo Social Número 5 de Santander.
Según el alcalde, «la sentencia es muy compleja y tenemos diez días para tomar decisiones y ver qué tenemos que hacer, porque las sentencias que vienen últimamente no siempre son coincidentes y tampoco son sentencias que crean jurisprudencia de ningún tipo».
Preguntado por el compromiso adquirido con los sindicatos el año pasado de respetar, ambas partes, el dictamen de los tribunales, para evitar movilizaciones de los trabajadores durante las fiestas patronales, Cruz Viadero ni ha confirmado ni negado dicho compromiso, Se ha limitado a repetir que «las sentencias hay que estudiarlas y ver las consecuencias que va a tener.
Tampoco ha valorado la puerta que abre la sentencia, al señalar que modificar un contrato relevo no incumple la Ley de Sostenibilidad porque no se trata de una nueva contratación sino la modificación de una existente. Sobre la posibilidad de aprovechar el fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria para incorporar a este trabajador a la mermada plantilla del SERCA, solo ha reiterado que la sentencia es «muy compleja» y debe estudiarse con detenimiento. «Por tanto, necesitamos tiempo», ha concluido el alcalde.
El trabajador, que estaba contratado en la modalidad de contrato relevo, fue despedido el 29 de junio del año pasado, al jubilarte totalmente el operario relevado. El comité de empresa denunció el despido, argumentando que incumplía el convenio colectivo del SERCA, dependiente del Patronato Municipal de Educación, que recoge que una vez los relevados alcanzasen la edad legal de jubilación los relevistas pasarían a ser fijos en plantilla. Una cláusula que se había respetado hasta junio del año pasado.
El argumento del Ayuntamiento para el despido era que la Ley de Estabilidad no permite nuevas contrataciones ni aplicar la tasa de reposición para cubrir la jubilación. Sin embargo, el TSJC acepta el argumento de la defensa del trabajador de que no se produce incumplimiento al no haber un «nuevo contrato», sino «un cambio en la calificación jurídica de un contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto -pero muy limitado- aumento de costes».