La Delegación del Gobierno en Cantabria ha notificado a tres miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Torrelavega (PAH) sanciones administrativas de entre 300 y 30.000 euros, por el escrache que realizaron el pasado 18 de abril ante la vivienda del alcalde de la ciudad, Ildefonso Calderón. Las multas se producen a pesar de que el Juzgado Número 1 de Torrelavega archivó la denuncia presentada por Calderón contra la Plataforma Stop-Desahucios, al considerar que se había tratado de una protesta «legítima» y «pacífica».
«Este Gobierno quiere frenar y criminalizar cualquier protesta social a través del miedo; no estamos dispuestos a tolerarlo», ha difundido la Plataforma Stop Desahucios Torrelavega, entendiendo que las sanciones administrativas impuestas por la Delegación de Gobierno son una «represión al derecho de libertad de expresión, persecución y criminalización de las protestas».
La Plataforma recuerda que el juez desestimó la denuncia interpuesta por el alcalde contra los miembros de Stop Desahucios por la protesta que realizaron frente a su domicilio, y recuerdan también que la policía presente durante ese acto «informó que no intervino porque no hubo necesidad alguna». Stop Desahucios tiene previsto denunciar públicamente «esta represión».
El pasado 18 de abril un grupo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas realizó una protesta ante diferentes entidades bancarias de la ciudad y después frente a la vivienda del alcalde de Torrelavega, donde permanecieron cinco minutos coreando el lema «Si se puede», antes de dirigirse hasta el Ayuntamiento, para participar en una asamblea sobre la situación industrial de la comarca del Besaya.
El alcalde denunció en comisaría el escrache, argumentando que los miembros de la PAH «acosaron» su domicilio e infundieron «temor» a su familia y vecinos. Ildefonso Calderón aseguró que había sido el primer político de Cantabria víctima de un escrache y lo calificó de «acto de intimidación», reclamando a la policía que investigara e identificara a los manifestantes.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción Número 1 archivó la denuncia de Calderón y reconoció la «legitimidad» de las protestas. En el «sobreseimiento libre» de la denuncia, el juez, Pablo Fernández de la Vega, reconoce «la legitimidad de las protestas siempre que sean pacíficas y no conculquen otros derechos» y señala que «no existe indicio de que se cometiese delito o falta de injurias, amenazas o coacciones». A este respecto, recuerda que el propio alcalde en su denuncia señaló que no hubo insultos ni amenazas hacia su persona ni familia.
En un sentencia que trascendió al ámbito nacional, por ser la primera de este tipo, el juez señalaba además que es «servidumbre» de los cargos políticos «soportar» las molestias que pueden causar los actos, amparados en la Constitución, que legitima a los ciudadanos para manifestarse en lugares públicos, lo que incluye ante la puerta del domicilio del alcalde, y mostrar su «repulsa» hacia las decisiones gubernamentales, «siempre que, como ha sido el caso, lo hagan pacíficamente».
A pesar de la sentencia, Ildefonso Calderón mostró su total rechazo a este tipo de acciones, insistiendo en que debían «ser condenadas» y en que «no puede haber resquicio alguno para su justificación, porque ningún ciudadano y ninguna familia debe sentirme amenazada a la puerta de su domicilio y de su hogar por estos piquetes organizados».