Torrelavega viene sufriendo a menudo las consecuencias de adjudicaciones de obras en bajas temerarias: retrasos, incumplimientos, problemas en la calidad de los materiales y los acabados… El último caso, y uno de los más polémicos porque afectaba al funcionamiento del colegio, ha sido el pabellón deportivo del colegio, que ha necesitado 18 meses para cerrar la pista cubierta existente, dotar de vestuarios e instalar una pista de hockey y patinaje.
El alcalde, José Manuel Cruz Viadero, asegura que «no es sencillo» evitar las adjudicaciones en baja temeraria, aun en aquellos casos en los que, a tenor de la oferta, se es consciente de que hay «mucho riesgo» de que haya problemas y retrasos. Los técnicos municipales «van a poner el máximo interés a la hora de adjudicar las obras y valorar las bajas temerarias», pero «no es un tema fácil», dice.
En el Mies de Vega las obras se licitaron en 239.629 euros y un plazo de ejecución de ocho meses y se adjudicaron en 198.000 euros a Hierros Bueno, una empresa de Albacete que, según se anunció, se comprometía incluso a hacerlo en tres meses. Finalmente, ha sido año y medio, con amenaza de ruptura del contrato por parte del Ayuntamiento y quejas de las familias de los alumnos que veían como la mayoría de los días en la obra había un trabajador o ninguno.
«El tema no es sencillo, la Ley de Contratos del Estado permite justificar las bajas temerarias, de ahí la dificultad de los técnicos, de poder evaluar si la justificación es suficiente», insiste Cruz Viadero, reconociendo que en el Mies de Vega la obra se ha «retrasado en demasía».
La denominada ‘baja temeraria’ se produce cuando una oferta es muy inferior al precio de licitación, y para calcularla se emplea una fórmula matemática que, en esencia, hace una media de todos los presupuestos presentados al concurso. Cuando se produce, la empresa debe «justificar» esa baja, demostrando que podrá realizar la obra con ese precio. Sin embargo las justificaciones se realizan sobre el papel y en muchos casos la realidad demuestra después que era inviable.
Para el alcalde la única solución es que el Gobierno central modifique la Ley de Contratos, mientras «lo poco que podemos hacer» desde el Ayuntamiento es aplicar penalizaciones a los incumplimientos, como ya ha avanzado que ocurrirá en el Mies de Vega, pero que no parece ser suficiente para disuadir a algunas empresas.
Con el pabellón del Mies de Vega, inaugurado el pasado viernes, «tenemos que demostrar a los demás ayuntamientos y administraciones que esta empresa no debe trabajar con la administración nunca más», afirma el concejal de Deportes, Jesús Sánchez. Esta empresa, subraya, ya tuvo a finales de los años 90 una penalización de cinco años sin poder acceder a obras públicas.
«Hay empresas que juegan con la administración y no tienen respeto hacia las obras que se plantean con dinero público, y eso no se puede permitir», por lo que Sánchez espera que los técnicos municipales tomen medidas.