Comisiones Obreras ha pedido la anulación del concurso oposición para cubrir como funcionario interino una plaza de trabajador social, con la que desde el Ayuntamiento de Torrelavega se pretende generar en el menor plazo posible una bolsa de empleo a la que recurrir para cubrir las bajas de las trabajadoras sociales del departamento, que ahora suponen el 70% de la plantilla.
Según este sindicato el proceso selectivo, que se convocó en 2017 y se ha reactivado ahora, «es nulo», y reclaman que se abra una nueva convocatoria «para cubrir todas las necesidades de personal» en el departamento de Servicios Sociales a la mayor brevedad posible.
El delegado de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento, Daniel González, en un comunicado, ha calificado de «ocurrencia» que se pretenda «resucitar» el proceso para cubrir una plaza de trabajador social que «está parado casi desde su origen». Además, exige al alcalde, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), el «cese de manera inmediata» de los concejales de Personal y de Servicios Sociales, los también socialistas José Luis Urraca y Patricia Portilla.
González acusa a ambos concejales de una «locura política» en la gestión del departamento de Servicios Sociales que «está causando daños irreparables y que lesiona derechos, pérdida de dinero público y perjudica hasta la salud de los y las empleadas municipales».
Según explica, la convocatoria, además de llegar tarde, «es nula porque vulnera incluso el acuerdo del pleno que autorizó el nombramiento de un asistente social con recurso a la lista de reserva de 2016 para sustituir a una persona de baja, que en la actualidad ya se ha reincorporado». En ese mismo pleno, se acordó el nombramiento interino temporal de un psicólogo, puesto del que, denuncian, no se ha vuelto a saber nada.
«Estas plazas ordenadas y justificadas que nunca sacaron eran para incorporación inmediata, entre otras cosas, para tramitar las ayudas del fondo extraordinario de 2017», ha apuntado González. «Sin embargo, el concejal de Personal hizo caso omiso y provocó que los y las vecinas de Torrelavega no recibieran los servicios básicos esenciales a los que tenían derechos y que encima se tuvieran que devolver 50.000 euros de subvención por no cumplir la orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria», ha añadido.
Además, acusa a la concejal de Servicios Sociales de «pisotear los derechos de las trabajadoras de ese servicio, ordenando la apertura de un expediente informativo para responsabilizar a este personal de la pérdida de una parte del fondo». Un expediente, apunta González, «que ha resucitado cuando han transcurrido casi dos años para que las trabajadoras presenten alegaciones».
A su juicio, «está claro que quieren tapar sus nefastas decisiones vulnerando derechos fundamentales de las trabajadoras del departamento», que «soportan factores de riesgo muy elevado, tal y como recoge el estudio realizado por la Mutua Laboral en 2017», aunque no se han tomado «ninguna de las medidas propuestas» para resolverlo.
CCOO también recuerda que el ICASS ya alertó de que es «inviable» resolver las solicitudes del Fondo Extraordinario a finales de año.