CCOO ha denunciado hoy que la prueba piloto en Torrelavega del llamado ‘Nuevo Modelo Operativo’ que Correos pretende implantar en Cantabria no es un experimento aislado, sino la antesala de un cambio estructural diseñado a nivel estatal por la presidencia y la dirección de la empresa para aplicarse en todas las carterías, unas 2.500 en todo el país, con graves consecuencias laborales y de servicio público. CCOO ha advertido que si Correos sigue adelante con ese nuevo modelo habrá movilizaciones y activará la via judicial y sindical.
El sindicato ha recordado que estas pruebas piloto forman parte de un plan estatal deliberadamente oculto, estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 “pruebas piloto” en todo el país, una de ellas en Torrelavega. Esta distribución no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto de las cerca de 2.500 carterías del país, afectando a casi 28.000 carteros y carteras.
En Cantabria, la Sección Sindical de CCOO en Correos ha advertido de que la prueba piloto de Torrelavega anunciada es solo el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a todas las carterías de la provincia, un total de 28, con impacto directo sobre 540 carteros/as. Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones.
CCOO ha criticado que el denominado Nuevo Modelo Operativo se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad. Además, introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación “cero” que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible.
“Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público”, ha lamentado Ana Belén Ortiz, secretaria provincial de CCOO de Correos, que ha alertado de que esta reorganización viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde.
El sindicato ha advertido que este modelo provocará una sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados.
CCOO ha subrayado que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.
Ante esta situación, CCOO ha exigido la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido. Mientras no constate lo contrario, CCOO defiende que el modelo vigente es el que debe mejorarse, tal y como recoge el espíritu del Acuerdo Marco firmado en 2024, acabando con los recortes, reforzando la plantilla con la contratación suficiente y convocando la oferta de empleo público que Saura, nombrado por un partido progresista, bloquea desde hace dos años.
El sindicato ha reclamado además que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo.
CCOO ha avisado de que, si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los incumplimientos de los acuerdos y la imposición de una reestructuración salvaje, con graves riesgos para el empleo, el servicio postal público y el propio funcionamiento del reparto en todo el país, en un horizonte de año y medio, hasta junio de 2027, atravesado por procesos electorales clave.