El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón, lamenta la decisión del Juzgado Número 1 de Torrelavega de archivar la denuncia que presentó por escrache contra la Plataforma Stop Desahucios y advierte que el auto recoge «argumentos que pueden poner en riesgo la seguridad y la intimidad» de su familia. La sentencia no aprecia indicios de delito y ampara la legitimidad de las protestas siempre que sean pacíficas y no vulneren otros derechos, pero para Calderón lo que hace es dar «cobertura de legalidad» a situaciones que pueden poner en «peligro» a su familia.
Calderón ha señalado que respeta la decisión judicial de sobreseer su denuncia contra la veintena de personas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que el pasado 18 de abril se concentraron durante cinco minutos frente a su edificio. Sin embargo, ha matizado que «la decisión judicial ofrece cobertura legal para acosar a los políticos en sus domicilios particulares y abre una vía que pone en riesgo la seguridad y la intimidad de sus familias».
El alcalde ha realizado estas declaraciones después de conocer y valorar el alcance del auto judicial, por el cual se ha sobreseído su denuncia al no haberse cometido delito durante esta concentración.
Calderón ha dicho que «la única intención de mi denuncia fue que las personas que se concentraron y bloquearon la entrada en el portal donde vivo, fueran identificadas como medida de prevención y por haber atemorizado a mi familia». El alcalde ha dicho que respeta la decisión judicial, pero no comparte sus argumentos, «por eso seguiré denunciando las manifestaciones a la puerta de mi casa, porque soy padre de una familia y tengo hijas menores.»
Según ha insistido, «mi familia tiene derecho a la intimidad y a no sentirse acosada; tienen derecho a entrar y salir libremente de su casa sin sentirse coaccionados por estos actos; por eso creo que las leyes deben cambiar; Las leyes deben proteger estos derechos si ahora mismo no lo están por la legislación vigente.»
Ildefonso Calderón ha declarado que, «como alcalde, y como cargo político electo, tengo el deber de soportar las protestas en un acto público, pero mi familia y mis hijas menores no tienen por qué padecer estas reacciones de repulsa y menos aún cuando están en su propia casa». También ha asegurado que tiene «el deber de proteger a mi familia y de prevenir, con mi denuncia, cualquier acto de acoso y de violencia en el que pueden degenerar este tipo de manifestaciones.»
Asimismo, ha afirmado «que no está de acuerdo en que haya concentraciones de protesta ante las casas de los políticos, ni de los jueces, ni de ningún ciudadano en Torrelavega, porque hay muchos lugares públicos donde ejercer los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión.»
Por ello, ha concluido diciendo que «lamenta que estas decisiones judiciales amparen los actos de protesta en el portal de mi casa, porque se está dando cobertura de legalidad a unas situaciones que pueden derivar en algo peligroso y en una amenaza para la seguridad e intimidad de mi familia».