ACPT y ARCA han anunciado que presentaran una demanda «contra los técnicos que, de forma deliberada informaron favorablemente» el proyecto del parque acuático en Sierrallana «a pesar de los diversos incumplimientos que la reciente sentencia reconoce». Entre esos técnicos señalan tanto a los de la CROTU como a los del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrelavega y los de las direcciones generales de Turismo, de Patrimonio y de Medio Ambiente.
Ambos han valorado este martes la sentencia «que daba la razón a ACPT y ARCA» y que, recalcan, reconoce «la gravedad de los incumplimientos».
Según estas formaciones, son unos incumplimientos que «no son en absoluto casuales o puntuales, si no que demuestran una estrategia de funcionamiento basada en la trampa y la ilegalidad», porque la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria «es contra la autorización que la CROTU dictó para la construcción de un parque acuático en Torrelavega».
A su juicio, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo «se ha convertido en un coladero del poder» y ha tramitado el proyecto en suelo rústico al amparo del artículo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria, «que es una norma pensada para construcción unifamiliar, dotaciones deportivas o espacios de carácter rural y atractivo turístico rural». Un artículo, aseguran «creado específicamente para el chanchullo», porque creen que la CROTU «está absolutamente intervenida y manipulada»
Por eso, ACPT y ARCA han anunciado que, «una vez detenido el proyecto, no vamos a celebrarlo y mirar para otro lado olvidando que hay culpables detrás del mafioseo que estamos denunciando» y con sus demandas pretenden «limpiar y sanear aquellos órganos que deben velar por la legalidad y la racionalidad ante cualquier actuación política» y que «se exijan responsabilidades a quienes incumplan».
Además, han afirmado que la sentencia también «condena la actuación municipal» y con ello a su máximo responsable, que ejerce también las responsabilidades de Urbanismo, el alcalde, Javier López Estrada. Entienden que ha quedado demostrado que «ha intentado, y así lo hubiese hecho de no ser por esta sentencia, incumplir el Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega, queriendo construir todo un complejo turístico en suelo rústico» y «pretendiendo pasar como equipamiento deportivo el megaproyecto del parque acuático como si de una pista de futbito se tratase».
Desde estas formaciones se valora que este hecho es «de una gravedad probablemente nunca vista en nuestro municipio» y que «debería implicar la dimisión inmediata del alcalde», que dicen que ha «perdido la legitimidad» para seguir al frente de Urbanismo, máxime en un momento «crucial» como es la revisión del PGOU.
Calificando lo ocurrido de «cacicada», responsabilizan tanto al alcalde como al consejero de Turismo y padre del regidor, a los que acusan de haber «usado toda la maquinaria administrativa a su alcance para lograr un solo fin: sacar adelante un proyecto de dudosa viabilidad y gran coste para el bolsillo de todos los vecinos». Así consideran que los incumplimientos eran «tan flagrantes» que no cabe posiiblidad de recurrir la sentencia del TSJC.