Asamblea Ciudadana por Torrelavega y ARCA han presentado un recurso contencioso administrativo, que ha sido admitido a trámite, para impugnar el acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del pasado mes de septiembre autorizando la solicitud de construcción de un Parque Acuático en terrenos de Sierrallana. El recurso se basa en que la solicitud se ha tramitado al amparo de un artículo 116 de la Ley del Suelo de Cantabria, que según denuncian, es una norma pensada para construcciones unifamiliares, dotaciones deportivas o espacios de atractivo turístico rural, «en ningún caso para una mega instalación de carácter empresarial».
«Es demencial que los integrantes de la CROTU admitan y den el visto bueno a un proyecto en suelo rústico que se ha tramitado al amparo del artículo 116 de la Ley del Suelo», ha señalado el concejal de ACPT Alejandro Pérez, que acusa a la CROTU de haberse «convertido en un coladero que permite todo tipo de desmanes con cualquier justificación ridícula». En su opinión, para ello se han incluido en el proyecto «cuatro usos forzados» y como ejemplo ha apuntado la «invención de última hora del alcalde», el regionalista Javier López Estrada, al incluir un circuito de rafting «cuyo único objetivo es sortear la normativa vigente en un claro intento de fraude de ley», ha dicho Pérez.
Por ello, critican que el pasado 9 de septiembre la CROTU autorizase «la solicitud de construcción de equipamiento deportivo y de ocio en suelo no urbanizable de Sierrallana, en el municipio de Torrelavega, promovido por el Ayuntamiento de Torrelavega, en base a las consideraciones anteriores y condicionado al cumplimiento del artículo 38 de las Normas Urbanísticas Regionales.» Para las dos organizaciones denunciantes, «es muy grave que los integrantes de la CROTU actúen de una forma tan arbitraria, sirviendo de herramienta útil de algunos políticos megalómanos con mucho poder y contactos», ha afirmado Pérez.
Respecto al proyecto en sí, el concejal de ACPT lo ha calificado de «absurdo, ridículo y propio de otras épocas», en las que el «despilfarro de dinero público» se convirtió en una «peligrosa hoja de ruta» de políticos que concebían su gestión como una «posibilidad de dejar su impronta personal» y siendo los «facilitadores necesarios para grupos empresariales que, sin escrúpulo alguno, saquean las arcas públicas».
Critican que sin empezar el proyecto el gasto de los estudios ya realizados «supera los 40.000 euros, a los que se han de sumar en torno a 12.000 euros más de dinero público en campañas publicitarias para la empresa interesada», para un parque acuático que creen que, «con suerte, se podrá usar escasamente un mes al año». Pérez ha advertido que pasará lo mismo que ya ha ocurrido en otros puntos del país, estimando que hay «hasta 36 parques acuáticos abandonados y con pérdidas millonarias asociadas».
Además, se ha referido a la «gran repercusión medioambiental y climática que tendría» por el «desmonte prácticamente completo de la ladera de una montaña»; al consumo de agua, que calculan en 100.000 metros cúbicos diarios a pleno rendimiento, «una auténtica barbaridad completamente insostenible»; y la circulación de 7.000 vehículos diarios, «con la contaminación que eso supone». Igualmente han rebatido posibles argumentos de creación de empleo para justificar «tanto despropósito». El concejal de ACPT ha asegurado que será empleo «precario y temporal».
El representante de ARCA, Carlos García, ha compartido las opiniones expresadas por Pérez, añadiendo que el proyecto del Parque Acuático de Torrelavega es un ejemplo de algo que está ocurriendo en muchos municipios de Cantabria, porque la CROTU se ha convertido en «una agencia al servicio de ocurrencias» de alcaldes que tienen una visión «localista» en vez de «región global», facilitando «trucos» para que los proyectos salgan adelante, «algunos impresentables», como entienden que es este caso, donde «no se guardan ni las apariencias».
Para ARCA, la nueva Ley del Suelo «garantiza la construcción en suelo rústico prácticamente sin control», lo que está llevando a la Comunidad Autónoma al «caos territorial».
Las dos organizaciones denunciantes calculan que, una vez admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo, puede tardar entre seis y ocho meses en verse en los tribunales.