Asamblea Ciudadana por Torrelavega cree que la «estafa» del cártel del asfalto solo puede ser «la punta del iceberg» de unas prácticas que se extenderían a todo tipo decontrataciones, y sospechan que de detrás puede estar «la financiación ilegal de algunos partidos políticos», ya que casi todas las empresas implicadas «son y han sido mecenas de los grandes partidos políticos de Cantabria».
Por todo ello, ACPT confía en que los tribunales esclarezcan los hechos y las responsabilidades. La Fiscalía de Cantabria ha comunicado la incoación de diligencias de investigación sobre la denuncia presentada por ACPT para que se aclare hasta donde llegaron las irregularidades de las cinco empresas imputadas por la Comisión Nacional de la Competencia, que perjuicios causaron esas prácticas en Torrelavega y qué grado de implicación tuvieron los responsables municipales en permitir que eso ocurriera.
ACPT ha pedido a la Fiscalía pedía que se investigue a las cinco empresas imputadas en el «cártel del asfalto»: Arruti, Ascan, Asfin, Emilio Bolado y Senor, que durante años «se han estado repartiendo durante años las licitaciones públicas y privadas» de asfaltado de obras de conservación, mejora, refuerzo, rehabilitación…, y parte de esas obras se adjudicaron en el Ayuntamiento de Torrelavega.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, se ha felicitado hoy de la decisión de la Fiscalía, que implica que «hay indicios de delito, los mismos indicios que nos llevaron a nosotros a presentar la denuncia y que para la Comisión Nacional de la Competencia están probados y sancionados ya».
Sin embargo, ha lamentado la actuación del equipo de Gobierno del PP y del alcalde, Ildefonso Calderón, en este asunto. Asamblea Ciudadana solicitó al alcalde todas las actas de contratación desde el año 98, fecha desde la que se tiene «constancia» de que comenzó la «estafa», hasta hoy. La respuesta de Calderón ha sido que pueden consultar los expedientes en el Archivo Municipal «debiendo no obstante identificar los procedimientos de contratación correspondiente».
Martínez ha afirmado que esa respuesta no se corresponde con su petición. «Nosotros solicitábamos las actas de la Mesa de Contratación y no los expedientes completos; queremos saber quiénes han sido los responsables de estas adjudicaciones, con nombres y apellidos, y una vez que lo sepamos, pediremos que asuman sus responsabilidades, aunque sea por tontos».
El portavoz de Asamblea Ciudadana entiende que tras el «cártel del asfalto» hay unas prácticas de contratación que «parecen ser habituales» y que pueden haberse llevado a cabo en otras áreas, dado que las empresas implicadas no solo se dedican al asfalto, sino «también a la prestación de servicios públicos que han sido privatizados, como es el caso de la recogida de basuras en Torrelavega, o la construcción de obra civil».
Con la convicción de que «no es descartable» que detrás de estas prácticas «esté la financiación ilegal de algunos partidos políticos», ACPT asume que el proceso será largo en el tiempo, pero espera que «culmine aclarándose todo lo que nos han estafado y quiénes han participado en este robo a la ciudadanía».
La denuncia de ACPT, aceptada por la Fiscalía, pedía que se instruyan diligencias para averiguar los hechos y depurar responsabilidades, por supuestos delitos de malversación, falsedad documental y fraude a la administración. Además, piden que no se vuelvan a adjudicar obras en Torrelavega a estas empresas, y que parte de la multa de 12 millones de euros la Comisión de la Competencia ha impuesto a las constructoras, llegue al Ayuntamiento como «víctima y perjudicado por esta práctica fraudulenta».