ACPT ha solicitado una reunión urgente con la directora general de Vivienda del Gobierno de Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, para que «de primera mano nos explique cuáles son las medidas que se van a adoptar para dar respuesta» a las familias que se encuentran «en grave situación social», cuyos ingresos dependen de pensiones contributivas, Ingreso Mínimo Vital o Renta Social Básica y las familias que están pendientes de desahucio o de corte de suministros.
Esta formación asegura que, según sus datos, habría más de 1.500 familias en grave situación social, y unas 300 pendientes de cortes de suministros y 60 de desahucios, acogidas al decreto ley aprobado en mayo de 2021 que suspendía hasta este mes de febrero de 2022 todos los desahucios y cortes de suministros básicos a las familias que acreditasen su condición de vulnerabilidad. ACPT quiere saber qué medidas han previsto al respecto los gobiernos municipal y regional.
Por eso también han solicitado la creación de una mesa de trabajo en el Ayuntamiento, formada por representantes de los Servicios Sociales y de Urbanismo, «donde se analice caso a caso y se aplique la solución adecuada».
Las cifras son para ACPT «claro reflejo de la crisis socioeconómica que está atravesando nuestra ciudad», una crisis «arrastrada durante décadas» y que esas familias han visto como la COVID ha agravado la situación.
Según destacan, se trata de familias que «no tienen cabida en el mercado libre inmobiliario», no solo por el precio «abusivo» del mismo, sino por las exigencias que se piden para acceder a un alquiler: nóminas, avales, seguros, etc.
La medida de destinar «de forma puntual» una partida presupuestaria de 500.000 euros para la adquisición de inmuebles para su incorporación al Parque Público de Vivienda de Torrelavega, es para ACPT, a pesar de haberla reclamado, «insuficiente todavía» y debería «prolongarse en el tiempo», razón por la cual piden que se incluya en los próximos presupuestos municipales «una cuantía igual o superior para este fin».