ACPT ha solicitado al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, la creación de una comisión de investigación sobre todo lo ocurrido en el matadero municipal desde el año 2019, que sirva para «depurar responsabilidades y aclarar todo lo ocurrido en estos años».
Según ha explicado, en la última comisión de Medio Ambiente, en la que participó el director del Matadero, «se pusieron sobre la mesa hechos ocurridos en estas instalaciones de gran trascendencia» para su funcionamiento en el día a día. «En caso de ser ciertos, algo sobre lo que no tenemos ninguna duda, se deben depurar responsabilidades de forma inmediata, ya que las negligencias que se nos manifestaron han tenido unas consecuencias económicas y de seguridad laboral muy graves», han señalado desde la formación.
A este respecto, han indicado que en marzo de 2019 la dirección del matadero comunicó la necesidad urgente de reformar la cuadra, «sin recibir ninguna respuesta por parte del equipo de gobierno» y en noviembre de ese mismo año se produjo «un accidente laboral en esa cuadra que estuvo a punto de costarle la vida a un trabajador de esa instalación municipal».
Un año después, en octubre de 2020, «la Inspección de Trabajo cierra el matadero por la falta de seguridad laboral en la cuadra». Ese cierre dura casi un mes hasta que de forma provisional se tomaron medidas que garantizasen la seguridad de los trabajadores.
«En febrero de 2022, y después de tres años, las obras para reformar la cuadra aún no se han licitado por parte del equipo de gobierno, pese a que exista la consignación presupuestaria y un proyecto». De esta licitación, asegura ACPT, depende el poder» recuperar numerosos clientes del matadero que se perdieron durante el cierre y que no volverán mientras no se haya realizado las obras». La pérdida de esos clientes, subraya este grupo municipal, «está suponiendo en estos momentos una pérdida de 200.000 euros anuales y una disminución de 570.000 kilos al año».
Según ACPT, en estos momentos, y «de nuevo por no haberse realizado todavía las obras», está «en el aire» una subvención de 100.000 euros que el Gobierno de Cantabria había presupuestado para realizar inversiones en el matadero.
«Mientras todo esto ocurre, con un recurso municipal que debería ser fuente de ingresos y no de problemas, el concejal responsable del área, José Luis Urraca, intenta taparlo todo con sus habituales mentiras, engaños y medias verdades, contando con la bochornosa complicidad del alcalde que, conocedor de la situación, continúa manteniendo a este personaje en su puesto de responsabilidad», ha concluido ACPT.