ACPT ha vuelto a pedir un Plan de Vivienda Pública de carácter social para Torrelavega, valorando que el hecho de que la convocatoria para optar a las 36 viviendas de alquiler social de Ganzo haya recibido únicamente 136 solicitudes ha sido un «absoluto fracaso» y ejemplo de que era una convocatoria «incapaz» de dar respuesta a las familias que están reclamando viviendas sociales.
Por eso, han exigido a la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, y al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que de una vez por todas, y de forma coordinada, se ponga en marcha una política de vivienda «que empiece a dar respuestas a las familias que más lo necesitan en este municipio».
El portavoz de la formación, Iván Martínez, ha señalado que en este momento hay más de 52 las familias en Torrelavega pendientes de un desahucio y que » debido a sus situación económica no pueden acceder al mercado libre de alquiler de vivienda por no cumplir con los requisitos que se están exigiendo en la actualidad: contrato laboral, aval bancario, seguro, etc.». Según ha dicho, estos requisitos también son un problema para el resto de las cerca de 1.500 familias en riesgo de exclusión social del municipio.
A su juicio, la política en materia de vivienda llevada a cabo en los últimos años por parte del gobierno de Cantabria «ha sido completamente insuficiente», habiéndose realizado dos únicas promociones de vivienda pública. La primera, Campuzano en 2020, con 22 viviendas que «en principio iban a ser destinadas a alquileres sociales» pero que finalmente se destinaron a jóvenes menores de 35 años con ingresos superiores a 11.000 euros anuales, «dejando fuera a todas las familias con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional» y cuyos precios «de 400 euros al mes distan mucho del concepto alquiler social».
Respecto a la segunda promoción de vivienda pública, con 36 viviendas en Ganzo, ACPT ha recordado que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,» se comprometió públicamente a que el Gobierno de Cantabria adquiriría un total de 78 viviendas propiedad de la SAREB y no ha cumplido su palabra, pues se han adquirido poco menos de la mitad». Además, aseguran que, al igual que en las viviendas de Campuzano, «se ha vuelto a dejar fuera a las familias más necesitadas, aquellas con ingresos inferiores al SMI».
Para ACPT, Torrelavega necesita viviendas de alquiler social «con precios que no superen el tercio de los ingresos familiares», porque desde los años80, cuando se construyó el polígono de El Zapatón, «no ha habido ningún plan de vivienda capaz de satisfacer las necesidades de la población, habiendo realizado solamente actuaciones aisladas y sin ninguna continuidad en el tiempo».
Este grupo municipal ha vuelto a reclamar que el Ayuntamiento realice una inversión de 500.000 euros anuales para comprar viviendas de segunda mano y «crear un parque de vivienda pública acorde a las necesidades actuales de Torrelavega». Martínez ha criticado que el equipo de gobierno «se limita a manifestar, año tras año, que en los siguientes presupuestos se incluirá dicha partida, pero sin embargo, jamás lo han cumplido». En su opinión, el equipo de gobierno «no está preocupado por el problema de vivienda en la ciudad».