Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha presentado una moción al próximo pleno para pedir la elaboración de una ordenanza municipal que regule la instalación de transformadores eléctricos y prohíba su colocación en edificios de viviendas. En la moción se pide además que, en tanto se redacta dicha ordenanza, y cumpliendo lo aprobado por el propio pleno la pasada legislatura, se ordene la retirada cautelar del centro de transformación instalado en los bajos de la comunidad de propietarios del número 33 de la calle Lasaga Larreta, y se traslada a una finca, propiedad del promotor del edificio, situada frente al inmueble.
La portavoz de ACPT, Esther García, acompañada por representantes de Lasaga Larreta, ha afirmado que, pese a los argumentos en que se escuda el equipo de Gobierno, el Ayuntamiento «tiene competencias» para regular, tanto la instalación de transformadores eléctricos como la concesión de licencia de actividad que estos requieren. Una competencia, destaca, refrendada por el propio Gobierno de Cantabria, tal y como recoge la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente al escrito presentado por los vecinos de Lasaga Larreta denunciando los ruidos y vibraciones del transformador instalado en los bajos del inmueble. En esa respuesta, el director general de Medio Ambiente, David Redondo, señala que el escrito de los vecinos «ha sido remitido al Ayuntamiento de Torrelavega, por estimar que afecta al ámbito de sus competencias».
Según García, otra cosa es que la actual normativa municipal no sea los suficientemente «restrictiva» o se haya quedado obsoleta, ante nuevas situaciones y nuevos estudios respecto a la influencia de las emisiones eléctricas. Por eso, piden la redacción de una nueva ordenanza «que permita controlar, y en su caso prohibir» la instalación de transformadores en edificios de viviendas o en la cercanía de estas. Así, la portavoz de ACPT ha recordado que el de Lasaga Larreta no es el único caso en el municipio, y de hecho recientemente un grupo de vecinos de Barreda ha denunciado la intención de Eon y Solvay de colocar un tendido eléctrico y dos subestaciones en las inmediaciones de sus casas.
«Quien con parciales argumentos de mal leguleyo, se posicione contra lo argumentado en la moción y no propicie un inmediato debate público, se está posicionando contra los vecinos y a favor del incontrolado poder de la empresa eléctrica, toda vez que, además, existen en este caso alternativas que, sin perjudicar a los afectados, permiten seguir prestando idéntica calidad (o falta de ella) en el suministro eléctrico para todos», ha dicho Esther García, que espera que en el pleno del martes se tomen medidas.
La concejal ha insistido en que el Ayuntamiento está haciendo dejación de sus competencias, y se ha preguntado si se puede permitir que «con 32.000 euros que aportó Eon, no para colaborar en los festejos patronales, sino para hacerse promoción, se puedan tapar actuaciones casi delictivas».
En la misma línea se h manifestado la portavoz de los vecinos de Lasaga Larreta, Mercedes Martínez, que pide que se de «un buen tirón de orejas a Eon», porque no es entendible «que la empresa pueda campar como les de la gana», mientras ellos viven «con verdadero terror». Los vecinos soportan ruidos, vibraciones, falta de seguridad ante un posible incendio del transformador y temen por su salud. «Está más que demostrado que produce cáncer y leucemia en niños», ha dicho Martínez, recordando que en ese edificio «dos vecinos han muerto de cáncer en los últimos años», y el resto sufre insomnio, dolores de cabeza y otros trastornos que hacen que muchos de ellos vivan «empastillados».
Los de Lasaga Larreta no son los únicos vecinos de Torrelavega que han emprendido acciones contra las actuaciones de Eon. En Barreda, se han presentado 150 alegaciones contra el proyecto de ampliación de la línea eléctrica a Solvay por terrenos públicos cercanos a las viviendas. Estos vecinos, que han realizado varias concentraciones de protesta, argumentan que se puede garantizar el suministro a la empresa sin perjudicar a los vecinos. Sin embargo, en una reciente reunión, el alcalde, Ildefonso Calderón, les aseguró que el Ayuntamiento no tenía competencia para modificar el proyecto.