Asamblea Ciudadana por Torrelavega presentará al próximo pleno una moción para que la Corporación de Torrelavega solicite al delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, que retire las sanciones impuestas a los miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) que participaron en el escrache al alcalde de la ciudad, el popular Ildefonso Calderón.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, confía en que «toda la oposición» apoye la exigencia a la Delegación del Gobierno para que retire unas multas que son un «abuso de poder» del Partido Popular, que tras la decisión judicial de desestimar la denuncia de Calderón contra el escrache, «utilizan la maquinaria administrativa para imponer su castigo».
Hasta el momento, según ACPT son ya diez los miembros de la PAH a los que se han comunicado sanciones administrativas de 352 euros, por participar el pasado 18 de abril en una protesta frente a diferentes entidades bancarias de la ciudad, la sede el Partido Popular y ante el domicilio del alcalde.
A este respecto, y dado que el alcalde y el delegado del Gobierno insisten en que las sanciones son por celebrar una manifestación no autorizada, no por protestar frente a la sede del PP y la casa de Calderón, desde ACPT se preguntan si esos mismos permisos se exigen a otros colectivos y organizaciones. «Nos gustaría saber si les ha exigido también permisos, por ejemplo, a la última procesión del Corpus que tuvo lugar en nuestra ciudad, en la que participaron miembros de esta Corporación», ha señalado hoy Martínez.
A su juicio, estas sanciones tienen como objetivo «meter el miedo en el cuerpo» no sólo a los sancionados y a quienes ya están protestando o reivindicando en la calle, sino, sobre todo «a los que pueden salir», a quienes están pensando en movilizarse o «rebelarse ante situaciones de injusticia». Para ACPT, sería deseable que esta fuerza que demuestran «con el débil» lo ejerciesen «contra los responsables de esta situación, como la banca o los constructores».
También ha destacado que precisamente se imponen sanciones monetarias a personas «con problemas económicos», ciudadanos que están protestando porque la falta de recursos ha hecho que pierdan su vivienda o les ha llevado a una situación extrema, demostrando, ha dicho Martínez, que «van a hacer daño donde más duele».
El concejal de Asamblea Ciudadana ha recordado que no es la primera vez que se utilizan las sanciones administrativas contra quienes discrepan, porque «son muchos los colectivos» que han recibido sanciones en Torrelavega, por pegada de carteles, por concentrarse reivindicando los pasos a nivel de FEVE, por criticar la situación en Palestina o, por protestar contra el alcalde, como le pasó a la Unión Vecinal, a la Asociación de la Inmobiliaria o a la propia ACPT.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Torrelavega anunció ayer que «no pagarán» las sanciones y que tampoco cesarán en sus actos de protesta y reivindicación, insistiendo que hasta el juez ha valorado la «legitimidad» de estas protestas, siempre que sean pacíficas, como ocurrió en el escrache a Calderón. Los miembros de la PAH realizaron el 18 de abril un nuevo recorrido protestando frente a varias entidades bancarias de la ciudad, aunque ese día incluyeron en su camino la sede del PP y la calle frente al edificio donde reside el alcalde, donde permanecieron unos cinco minutos gritando «si se puede», sin que la policía, presente en las inmediaciones, interviniera ni identificara a los manifestantes.