ACPT ha presentado una moción plenaria instando a «reafirmar la defensa del planeamiento urbanístico vigente» y en contra de cualquier decisión municipal o regional que suponga la recalificación de las naves de la empresa Paruvi, propiedad del concejal de Torrelavega Sí Rufino Sasián. Con esta moción, ACPT quiere que todos los grupos de la Corporación se «posicionen» ante la petición de Sasián de recalificación de sus instalaciones en Tanos.
«La moción es muy clara y no deja lugar a dudas; si se vota en contra de la misma se le estará diciendo al señor Sasián que se ha salido con la suya, y que todas las barbaridades e ilegalidades urbanísticas que ha cometido quedan legalizadas», ha afirmado el portavoz de ACPT, Iván Martínez. Según ha dicho, quienes no apoyen la moción, «estarán mandando un mensaje muy claro: que en Torrelavega todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, tal y como ha hecho Rufino Sasián, y que es cuestión de tiempo, amistades y dinero que te lo legalicen».
La formación, tras conocer el informe de la Consejería de Industria que consideraba que se debía de recalificar y legalizar la situación de la empresa Paruvi construida sobre suelo urbanizable no programado, a los efectos suelo rústico, anunciaba «que no nos íbamos a quedar de brazos cruzados viendo como esa barbaridad urbanística, al estilo más cacique, se llevaba a cabo en Torrelavega».
A su juicio, «quedarse de brazos cruzados, mirando hacia otro lado, cuando se era conocedor de lo que se pretendía hacer, era ser cómplice de uno de los mayores jetas que ha dado nuestra ciudad», como han calificado al «desaparecido concejal de Torrelavega Sí».
Martínez ha explicado que, probablemente, esta misma semana este asunto se verá en la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), «ya que es lo que desde un principio nuestro alcalde, José Manuel Cruz Viadero, y su socio de gobierno, Javier López Estrada, han pretendido para contentar y no enfadar a Blanca Rosa Gómez Morante –la fundadora de Torrelavega Sí-, legalizar al señor Sasián sus instalaciones ilegales».
Sin embargo, asegura que ambos «son conocedores que, de haberlo hecho ellos directamente, el precio político que tendrían que pagar iba a ser muy alto y significaría un gran borrón en su curriculum político». Por eso, cree que una decisión que es competencia únicamente del Ayuntamiento la están delegando a la administración regional, «por cobardía política», algo «muy grave e irresponsable por su parte».
El portavoz de ACPT ha recordado que la CROTU ya indicó en noviembre del año pasado que era el Ayuntamiento al que correspondía pronunciarse sobre «la utilidad pública y de interés social» de la empresa, como argumenta su propietario, y «decidir cuál va a ser el destino final de estos terrenos». Pero, el Ayuntamiento «en lugar de cumplir, pasó la patata caliente a la Consejería de Industria, y ésta, nuevamente a la CROTU», ha recalcado.