ACPT ha presentado alegaciones al convenio urbanístico que pretende firmar el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio de Torrelavega para adquirir en 761.000 euros el inmueble de la entidad en La Llama. Esta formación pide que se desista de la firma del convenio urbanístico planteado, puesto que el edificio que se quiere comprar «no reúne las características urbanísticas legales» necesarias para poder ser destinado a usos político-administrativos, que es el que se le quiere dar.
En ese inmueble, tal y como ha anunciado la Alcaldía, está previsto trasladar todas las dependencias de carácter político: grupos municipales, alcaldía, concejalías, sala de Juntas y el Salón de Plenos. La necesidad de habilitar este nuevo edificio de carácter político, viene dada por la situación de deterioro y riesgo en que se encuentra el Palacio Municipal del Bulevar Demetrio Herrero y la necesidad de buscar una nueva ubicación de manera urgente para los servicios municipales y grupos políticos aun ubicados en este edificio.
Sin embargo, el portavoz de ACPT, Iván Martínez, señala que, tal y como recoge el vigente Plan General de Ordenación Urbana, el inmueble de referencia está clasificado como Sistema General de Educación y Docente, siendo esta clasificación incompatible con el fin al que se quiere destinar el inmueble. «Podría acoger un colegio, academia, guardería, etc., pero nunca acabar como edificio político-administrativo», asegura la formación.
Para poder destinar dicho inmueble al fin que se le quiere dar, sería necesario que se aprobase la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana definitivamente, ya que la revisión clasifica el edificio como Sistema General Equipamiento Otro, ha añadido Martínez. «Pero para que eso se produzca, si es que acaba pasando, aún quedan unos cuantos años», ha apuntado, ya que se debe de aprobar la Revisión del PGOU inicialmente por segunda vez y después aún faltaría la aprobación provisional y la definitiva. Otra opción, ha valorado, podría ser la realización de un modificado puntual al actual PGOU, «pero la misma no tiene mucho sentido y sería difícil de entender por parte de la ciudadanía cuando se está inmerso en una revisión total del PGOU».
ACPT considera que este convenio es «un nuevo ejemplo de la improvisación en la que vive instalada el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza». En su opinión, «más parece que este asunto ha querido ser una forma de salvar la situación económica de la Cámara de Comercio que una forma de resolver la situación de deterioro en la que se encuentra el Palacio Municipal y el riesgo de los servicios y personas que diariamente trabajan o realizan gestiones» en la antigua sede del Ayuntamiento.