Asamblea Ciudadana Por Torrelavega cree necesario que se abra un debate público sobre la Zona de Bajas Emisiones, en el que participen grupos políticos, colectivos y cualquier ciudadano interesado, para definir «la manera y el modelo de adaptar nuestra ciudad a las exigencias de la Ley de cambio Climático y Transición Energética, que ha de servir de forma drástica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero».
ACPT enfatiza que viene desde hace años exigiendo una política de movilidad activa, «que sea transformadora, en donde el peatón sea el protagonista frente al coche, una política que favorezca la utilización del transporte público, de la bicicleta como medio de locomoción, con una red de aparcamientos disuasorios que ofrezca alternativas a los conductores para que nuestra economía local y en especial el comercio no se resienta por las peatonalizaciones de nuevas zonas».
Como recuerda esta formación, las ciudades de más de 50.000 habitantes deben implementar esta ley antes del 2023, por lo que Torrelavega cuenta «apenas con seis meses de margen» para definir en que lugares de la ciudad se va a implantar estas Zonas de Bajas Emisiones y en que van a consistir.
ACPT no cree que ninguna empresa tenga que definir cuáles son las zonas sobre las que restringir el tráfico, sino que «una decisión de este tipo ha de ser fruto del debate». Un debate, defienden, que ha de tener como punto de partida una propuesta de actuación que debería de presentar el equipo de gobierno, «que es quien tiene la obligación y responsabilidad del día a día de nuestra ciudad».
Además señalan que «una vez más, por desgracia para Torrelavega, un tema de tanta importancia como este nos ha cogido con el paso cambiado», criticando que en política de movilidad «muchos han sido los proyectos y propuestas presentados y muy pocos los ejecutados: a día de hoy a lo más que se ha llegado es a la construcción de algunos carriles bici aislados entre sí y sin comunicación aún entre ellos o la colocación de cuatro aparca bicis».