ACPT ha anunciado que intentará conseguir en el pleno una mayoría suficiente para impedir que se culmine la expropiación de tres fincas en Torres, en la confluencia de los ríos Saja y Besaya, presentada de urgencia por el equipo de gobierno en la última comisión de Hacienda con destino a un parque fluvial del Anillo Verde y contra la que se han pronunciado todos los grupos de la oposición.
El portavoz de esta formación, Iván Martínez, ha anunciado que van a «hablar con todos los grupos políticos, a excepción del PRC» y esperan «conseguir de hoy al pleno», que se celebra a finales de mes, «una mayoría suficiente que frene este saqueo a las arcas municipales». Para ello, ACPT tendrá que ‘convencer’ al socio de gobierno del PRC, un PSOE, «cada vez más dócil y servil, que calla ante las tropelías de su socio, esperando a que cabe el mes y seguir cobrando».
El pasado miércoles en la comisión de Hacienda se incorporó un nuevo punto al orden del día por vía de urgencia: la expropiación forzosa de tres parcelas en la confluencia de los ríos Saja y Besaya, calificadas como sistema general en Suelo No Urbanizable de Uso Deportivo. Estas tres parcelas tienen una superficie de 19.550 metros cuadrados, contando la mayor de ellas con 7.378 metros cuadrados.
«La primera respuesta recibida por la ACPT al preguntar por la urgencia y los motivos de esta expropiación fue el silencio», ha apuntado. Según Martínez, tras mucho insistir se explicó que «ya nos enteraríamos más adelante, pretendiendo que nos posicionásemos ante el tema sin ninguna información». Ante lo que entendieron como la pretensión de «darles un cheque en blanco con una venda en los ojos, permitiendo un procedimiento turbio y mal intencionado», ACPT abandonó la comisión.
Martínez ha asegurado hoy en rueda de prensa que han «investigado este asunto» y las fincas son propiedad de personas «del entorno del PRC». Se trata, ha insistido, de terrenos «condenados para cualquier tipo de desarrollo o construcción» debido a que están rodeadas por el río, la autovía y el ferrocarril, así como por la zona de policía de ríos, es decir, que requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y son inundables.
«Por lo tanto, no se puede hacer urbanísticamente nada con estos terrenos, y cualquier pequeña modificación acabaría convirtiéndose en una maraña burocrática que imposibilitaría hacer nada allí», ha subrayado Martínez, preguntándose el motivo del interés en las fincas y la urgencia de plantear la expropiación.
«ACPT lo tiene claro: para hacer un favor a alguien de su entorno; algo que no ocurre por primera vez en esta legislatura, lo hemos visto con la compra del edificio de la Cámara de Comercio, con las expropiaciones realizadas en Tanos y ahora lo vemos con la expropiación de estos terrenos», ha concluido Martínez.