ACPT ha anunciado que recurrirá la resolución de la Comisión de Seguimiento del Convenio entre el Ayuntamiento de Torrelavega y el Gobierno de Cantabria para las viviendas sociales en régimen de alquiler que Gesvican construye en Campuzano, para exigir que se eliminen los criterios de edad e ingresos económicos para acceder al sorteo de esos 22 pisos.
Tras anunciar el Gobierno regional que se había aceptado la alegación presentada por ACPT para que solo los empadronados en Torrelavega puedan optar a las viviendas, como recoge el convenio firmado por ambas administraciones, y no abrirlo a personas de toda Cantabria, la formación considera que por los mismos argumentos deben aceptarse las otras dos cuestiones alegadas, a las que «no se ha hecho mención».
La formación ha afirmado que el convenio estipulaba que las viviendas se destinarían a «familias con escasos recursos», sin especificar la edad ni unos ingresos mínimos, aunque el plazo de inscripción para participar en el sorteo de las viviendas se limitó a jóvenes entre 18 y 35 años, con unos ingresos mínimos de 11.279 euros anuales (1,5 veces el IPREM) y unos ingresos máximos de 22.558 euros.
«En estos momentos, y a falta de recibir la documentación solicitada a la Comisión, estamos en condiciones de poder decir que no compartimos el anuncio hecho público, puesto que podríamos haber llegado a entender que se nos denegase todo lo pedido por figurar en la parte expositiva del convenio y no en las cláusulas. Pero si se nos da la razón respecto al lugar de empadronamiento que figura en esa parte expositiva, se nos debe dar la razón también respecto a nuestras peticiones de que se abra a todas las familias de Torrelavega sin exigir un mínimo de ingresos», ha explicado el portavoz de ACPT, Iván Martínez.
Tampoco entiende que el Gobierno de Cantabria «continúe con el proceso como si nada hubiese ocurrido y no lo haya anulado para abrir uno nuevo con los criterios que defendemos, y que en parte han aceptado, ya que la situación después de esa reunión es otra distinta».
Martínez ha avanzado que una vez reciban la documentación solicitada, «ACPT tiene claro que presentará recurso a la misma, esperando que se nos dé la razón a través de la vía administrativa para no tener que vernos obligados a judicializar este proceso». Considera que, de esta forma, además se evitarán «situaciones desagradables para quienes resulten adjudicatarios de un proceso a todas luces irregular».
Además, esperan que el alcalde, Javier López Estrada, dé explicaciones públicas sobre este asunto. En el último pleno, preguntado al respecto, «evitó dar cualquier tipo de explicaciones, cuando ya era conocedor de esta decisión, puesto que en este asunto está jugando a ser «juez y parte», ha criticado. El portavoz de ACPT ha apuntado que «su deber es velar por los intereses de la ciudad y de sus vecinos por encima de siglas políticas y jefes de Santander, algo que, como viene siendo habitual, no ha hecho en esta ocasión».
Finalmente, ha pedido al presidente de Cantabria que «cumpla su promesa» de adquirir las 78 viviendas que la SAREB tiene en Ganzo, porque transcurrido «un año y trece días» desde que adquirió ese compromiso de forma pública «seguimos a la espera».