ACPT ha denunciado hoy que el Ayuntamiento de Torrelavega ha decretado el embargo de la vivienda a una familia por el impago de 3.245 euros en tasas de agua y basuras y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según explica la formación, la familia está formada por un matrimonio de unos 50 años y un hijo menor de edad, que residente en un piso de la calle Pancho Cossio.
En concreto, adeuda 1.310 euros en tasas de agua y basura, correspondientes al periodo que va del tercer trimestre de 2008 al tercer trimestre de 2014 y 1.944 euros de IBI, correspondiente a los años de 2010 a 2014.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha asegurado que el cabeza de familia perdió hace cuatro años su empleo en la construcción y sus únicos ingresos hasta hace seis meses eran la Renta Social Básica, con la que hacían frente a la hipoteca de la vivienda y a los gastos domésticos.
Desde que dejaron de percibir la RSB la familia ha tratado, según Martínez, de solicitar algún tipo de ayuda municipal de emergencia pero los técnicos de Servicios Sociales le han comunicado que no tiene derecho a ellas por tener deudas con el Consistorio y haber incumplido compromisos anteriores de pago de tasas e impuestos.
Esos impagos anteriores al Ayuntamiento también impiden que la familia pueda acogerse a la bonificación de las tasas de agua y basuras previstas para los desempleados -que suponen una reducción de hasta el 70%-, lo que hace que la deuda de la familia con el ayuntamiento «siga engordando» y de los 2.000 euros iniciales, con recargos e intereses de demora haya llegado a los 3.245 actuales, algo que el concejal ha calificado de «sangrante».
Iván Martínez ha afirmado que la situación «es muy grave» y acusa al Ayuntamiento de «cruzar una línea roja» al tramitar el embargo de la vivienda de una familia sin recursos que ha sido «víctima de la crisis». También ha criticado que hayan fracasado todos los intentos de la familia y de ACPT de pactar con el Ayuntamiento un fraccionamiento de los pagos que les permita hacer frente a los gastos diarios.
ACPT recrimina que «mientras se gastan los impuestos en galas de la moda u obras innecesarias, hay familias que lo están pasando muy mal», y exige al Ayuntamiento que sea «mucho más responsable con el dinero que se recauda». Su grupo, ha recordado, defiende la aplicación de una fiscalidad progresiva, que regule las tasas e impuestos en función de los ingresos y las rentas.
Tras la denuncia pública de ACPT, la alcaldesa, Lidia Ruiz Salmón (PSOE), a través de un comunicado, ha apuntado que «el Ayuntamiento sigue en todo momento los procedimientos legales establecidos», y ha «retado» a Iván Martínez a que «demuestre» que desde el Consistorio se ha embargado alguna vivienda a un vecino de la ciudad.
«Se acercan las elecciones y le toca hacer demagogia con las personas más desfavorecidas, para crear alarmismo y confusión», ha dicho la alcaldesa en referencia al candidato de ACPT.
Además de recordar que las familias sin recursos pueden acogerse a reducciones en las tasas de agua y alcantarillado e incluso fraccionar los pagos, ha subrayado que si el matrimonio vivía con la Renta Social Básica, que depende del Gobierno de Cantabria, y su percepción fue suspendida hace unos meses, deberían acudir al departamento municipal de Servicios Sociales, porque hay establecidas una serie de ayudas para estas situaciones, «a través de una ordenanza puesta en marcha por este equipo de gobierno, y que el portavoz de ACPT parece querer ignorar».
Ruiz Salmón ha añadido que el equipo de gobierno «no estamos para embargar o aumentar los sufrimientos de las personas y familias que atraviesan por serias dificultades económicas; todo lo contrario, hemos aumentado sustancialmente en los presupuestos de los dos últimos años las partidas destinadas a la cobertura, ayudas y subvenciones para quienes sufren este tipo de situaciones».