ACPT ha denunciado hoy la existencia de al menos una treintena de «facturas falsas», por importe de más de 128.000 euros entre las presentadas durante los últimos cinco años por la Asociación Cultural San Amancio en las solicitudes de subvención de las Fiestas del Barrio Covadonga, por las que han percibido en esos ejercicios un total de 68.724 euros.
La formación pidió la paralización del expediente de concesión de la subvención por las Fiestas de San Amancio de este año, por sus «sospechas de irregularidades» en las facturas aportadas por los organizadores para justificar el gasto.
Ahora, tras revisar los expedientes de 2014, 2015, 2016 y 2017, ACPT asegura que «hemos comprobado que la falsificación de facturas ha sido una constante». De momento, afirman haber encontrado al menos 29 facturas en esa situación.
La Intervención del Ayuntamiento de Torrelavega tiene abierto un expediente «reclamando la devolución de las subvenciones, así como las explicaciones correspondientes de lo ocurrido, antes de poner el tema en manos judiciales», ha señalado el grupo municipal.
Según explican, han detectado que «la mayoría de las facturas han sido posiblemente falsificadas para ‘inflar’ las cantidades que realmente han tenido que pagar». Ésto consideran que «pone en entredicho» la labor técnica municipal, «en la que se afirmaba que todas las facturas se correspondían con precios de mercado. «Sirva como ejemplo las supuestas facturas falsas de alquiler de generadores eléctricos, que superan en más del doble el precio de mercado por ese concepto», han destacado.
Este caso, para ACPT, viene a demostrar lo que han denunciado en anteriores ocasiones. «Los engaños y estafas al Ayuntamiento de Torrelavega, con y sin connivencia han sido una práctica común, ya que un tema como este parece ser que se ha venido produciendo, como mínimo, en los últimos cinco años, y hasta ahora nadie había detectado nada o no había hecho por detectarlo», han indicado.
Como han subrayado, «de quedar demostrado, y todo parece indicar que así será, estamos hablando de delitos que pueden conllevar entre cuatro y ocho años de prisión: falsificación de documentos, fraude continuado y quizás, malversación de fondos públicos».
A su juicio, «estamos ante un caso de corrupción pura y dura, que aunque no alarme, como los que se han convertido en comunes por ser mediáticos, indica la falta de escrúpulos y de respeto por los recursos públicos de todos y todas».
ACPT ha manifestado que sigue esperando «algún tipo de explicación política» por parte del alcalde, José Manuel Cruz Viadero, o en su defecto, de la concejal delegada del área de Festejos, Patricia Portilla.