ACPT considera que el convenio que renovará el Ayuntamiento de Torrelavega con la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria para mantener el servicio de aulas de dos años en nueve centros educativos de nuestra ciudad es «nefasto». El pleno ha aprobado hoy la renovación del convenio con el único voto en contra de ACPT.
Esta formación no entiende que después de dieciséis años la aportación de la Consejería siga siendo de 165.000 euros, mientras que el coste del servicio cada año aumenta y en 2018 llegará a los 320.630 euros.
Tampoco entienden que en un mismo municipio haya dos modelos distintos a la hora de contratar el personal de este servicio. Por un lado hay nueve centros educativos donde la contratación de personal depende del Ayuntamiento de Torrelavega: Menéndez Pidal, Amós de Escalante, Manuel Liaño, Mies de Vega, Pintor Escudero, José María Pereda, Dobra y las dos aulas del Pancho Cossío y Menéndez Pelayo. Por otro, hay tres centros educativos en los que la contratación depende de la Consejería, que las realiza a través de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.
La diferencia, explican, radica fundamentalmente en las condiciones laborales y económicas de las y los técnicos contratados, «siendo las condiciones de la Consejería mucho peores». De hecho, los 165.000 euros que aporta la Consejería equivalen al coste que le supondría si realizasen ellos las contrataciones. «No podemos entender que trabajadores y trabajadoras que realicen el mismo trabajo cobren distinto salario».
Además, lamentan que quedase «en el olvido» su petición sobre la necesidad de crear una plaza de refuerzo que pueda cubrir las bajas de corta duración. Actualmente sólo se están cubriendo mediante la bolsa de empleo las bajas superiores a 9 días, pero gran parte de las ausencias conllevan un plazo inferior.
«En muchas ocasiones, una única persona debe hacerse cargo de cuidar de más de 20 niños de dos años, una tarea que roza lo imposible o directamente quedar desatendida un aula, con el consiguiente perjuicio que esto produce en el centro educativo, ya que es un servicio que no se puede interrumpir ni de forma momentánea ni temporal», señala ACPT.
Su propuesta, que ya aplica en otros ayuntamientos, consiste en aumentar la plantilla con una persona que realice una programación de refuerzo en todas las aulas de 2 años y que, en caso de una baja de corta duración, pueda acudir de forma inmediata a ese centro, evitando su cierre o que un solo monitor deba prestar un servicio en condiciones casi imposibles. Una figura que «se asemeja a un correturnos» y que, a su juicio, «paliaría buena parte de las incidencias en un servicio especialmente sensible como el cuidado infantil».
«Nos llama mucho la atención que todos los partidos políticos, a excepción de ACPT, voten a favor, cuando en el pasado fueron tan críticos con dicho convenio, lo cual indica su falta de coherencia y que siempre acaban claudicando ante el gobierno de Cantabria».