ACPT ha criticado los criterios establecidos por el Gobierno de Cantabria para acceder al sorteo para las viviendas sociales en régimen de alquiler que se están construyendo en Campuzano. Aseguran que, después de catorce años sin construirse viviendas sociales en el municipio, el Gobierno regional «solo ha sido capaz de poner a disposición de unos pocos torrelaveguenses veintidós viviendas que muy poco tienen de sociales».
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha señalado que el anuncio del sorteo «lo único que ha creado ha sido mucha frustración y desilusión», porque «eran muchas las familias en situación de emergencia habitacional» que estaban pendientes de esas viviendas y «ahora ven como ni siquiera tienen derecho a poder participar en el sorteo».
Respecto a los requisitos, ha dicho que limitar el acceso a jóvenes entre 18 y 35 años no se debe a que el Gobierno regional tenga «una política de vivienda juvenil definida y esté trabajando en ella, todo lo contrario». El motivo, denuncia Martínez, es «financiar el coste de la obra inscribieron la misma en un programa del Ministerio de Vivienda dirigido a jóvenes».
Sobre los ingresos mínimos requeridos para acceder al sorteo, entre 11.270 y 22.558 euros, critican que quienes estén ingresando en la unidad de convivencia menos de 940 euros al mes (Salario mínimo interprofesional) «no tienen derecho a ellas», valora Martínez. «Algo que por desgracia es la tónica de una ciudad como la nuestra, que cada día la están empobreciendo más y el poder adquisitivo de todos nosotros cada día es más bajo, como consecuencia de sus políticas liberales», ha lamentado Martínez.
A su juicio no son viviendas sociales con «un alquiler de casi 400€ euros al mes» y que «dejan a más de 1000 familias de nuestra ciudad fuera de esta convocatoria.»
Transcurridos catorce años desde las últimas viviendas sociales que se construyeron en Torrelavega, las de La Ferretera, ACPT señala que el municipio tiene «un grave problema de vivienda» y «muchísimas familias que están pidiendo auxilio». Se ha referido así a familias con menores que «arrastran una situación económica muy precaria, con jornadas laborales parciales, contratos de días y unos subsidios que no les da posibilidad de acceder al mercado libre de alquiler por no poder cumplir los requisitos que se exigen de nóminas, seguros, avales…».
ACPT considera que éstas situaciones son las que la administración «está obligada a resolver» y que son «curiosamente a los que el Gobierno que preside el señor Revilla ha dejado fuera», demostrando su «falta de voluntad» en la puesta en marcha de «una política social de vivienda».
Por todo ello, exigen al Gobierno de Cantabria que «cumpla de una vez por todas con sus competencias en materia de vivienda» y haga «una verdadera política de vivienda, más allá de falsas promesas electorales».