Asamblea Ciudadana por Torrelavega ha calificado al alcalde, Ildefonso Calderón, de «cacique», por buscar un subterfugio legal para poder «vulnerar» la decisión del Pleno de la Corporación que se pronunció en contra de instalar una oficina de turismo en el vestíbulo del Ayuntamiento.
El portavoz de ACPT, Iván Martínez, ha explicado que el equipo de Gobierno ha modificado el convenio con Cantur, cambiando el carácter permanente de la oficina por una ubicación temporal, que hace que Calderón pueda aprobar la decisión mediante resolución de Alcaldía, como hizo el pasado 8 de agosto.
«Lo que el equipo de gobierno del PP, más en concreto, su máximo representante, el Alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón Ciriza, ha hecho con la firma de este nuevo convenio vía resolución, es saltarse la voluntad de la corporación que él preside y por lo tanto, la voluntad de las y los torrelaveguenses», ha señalado Martínez.
A su juicio, «aunque este sea un procedimiento legal no es ni ético ni moral, sino que es propio de caciques que intentan por el medio que sea imponer siempre su voluntad, y es algo que está empezando a ser habitual en este Ayuntamiento», ha añadido el portavoz de ACPT.
A este respecto, ha recordado como, tras el archivo por parte de un juez de la denuncia de Calderón a activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Torrelavega por el escrache que le habían realizado, «ha utilizado sus influencias para que el delegado del Gobierno del PP multe a estas personas ignorando el pronunciamiento judicial».
Asamblea Ciudadana ha recordado que el PP sometió a la aprobación del Pleno el convenio con el Gobierno regional para instalar una oficina permanente de turismo en el vestíbulo municipal como una política de hechos consumados, cuando la instalación ya estaba completada y funcionando.
En el Pleno, PSOE y PRC votaron en contra y ACPT se abstuvo, por lo que el convenio fue rechazado y «la oficina pasó a una situación de ilegalidad». La oposición coincidió en valorar la falta de idoneidad del emplazamiento elegido, que choca con el proceso de desalojo que se está realizando en el edificio consistorial, debido a sus problemas estructurales y porque condicionaría el futuro uso del vestíbulo. En ningún caso, ha insistido ACPT, el motivo fue la duración del convenio, que es lo único que se ha modificado, pasando a ser de un año, prorrogable a otros dos.
Para Martínez, ante esto el alcalde debería haber reunido a los grupos políticos para intentar buscar una solución consensuada, pero para su sorpresa «no ha sido ese el proceder del equipo de gobierno pues está utilizando subterfugios de la ley para consolidar la decisión previamente tomada y que fue rechazada en el Pleno.
«El señor Calderón está tomando por costumbre cambiar las reglas de juego cuando el resultado no le es favorable; olvida que gobierna en minoría en este Ayuntamiento y que no obtuvo apoyo mayoritario para que fuese alcalde; está desobedeciendo continuamente los mandatos del Pleno; está vaciando de contenido la representación del pleno, ya que no se cumplen los acuerdos y se vulneran constantemente sus decisiones», ha concluido el portavoz de ACPT.