ACPT ha asegurado que el equipo de gobierno «miente» y en 2017 desaprovechó la oportunidad de contratar a 120 personas. Una vez examinada la documentación del expediente sobre corporaciones locales del año 2017, y tras la última comisión informativa de Obras, en la que el entonces alcalde, José Manuel Cruz Viadero, «intentó sin éxito justificar lo injustificable», ACPT afirma que tanto él como el actual alcalde «están mintiendo» y que en el programa de corporaciones locales de 2017 se podía haber contratado a 205 personas y tan solo se contrataron 85, «es decir, 120 personas menos».
Ese es el motivo, han señalado hoy los concejales de ACPT, Alejandro Pérez e Iván Martínez, por el que el Ayuntamiento de Torrelavega tiene que devolver 1.093.358 euros, más 147.494 en concepto de intereses por el retraso.
La formación ha anunciado que va a promover la creación de una comisión de investigación «que clarifique todo este asunto y determine nombres y apellidos de los responsables políticos de esta vergonzosa incapacidad a la hora de gestionar aspectos básicos de nuestro municipio».
A este respecto, han recordado que en 2017 el máximo responsable político de la ciudad era José Manuel Cruz Viadero como alcalde y que al frente del área de Régimen Interior y Recursos Humanos estaba José Luis Urraca, «que si por algo destaca es por su incapacidad manifiesta de gestionar cualquier área que esté bajo su responsabilidad, tal y como hemos podido comprobar con el ANEI de La Viesca, el matadero municipal, las subvenciones de bienestar animal o la tramitación de la ordenanza de espectáculos», han enfatizado los concejales de ACPT.
Según han detallado, en marzo de 2017 el Gobierno de Cantabria publicó la convocatoria de Corporaciones Locales y en mayo el Ayuntamiento presentó una solicitud que por la cuantía máxima a la que podía optar. En junio el Ejecutivo regional concedió a Torrelavega una subvención de 1.863.900 euros para tres programas de empleo y Torrelavega presentó tres proyectos a cada uno de los programas subvencionados, por un coste para el Gobierno cántabro de 798.600 euros.
«Es decir, desaprovechando contrataciones por valor de 1.065.300 euros, aun habiendo pedido esa cantidad, aspecto éste último que están ocultando», han dicho. La «excusa» del equipo de Gobierno para no ir al máximo subvencionable sería «que el Ayuntamiento tenía por aquel entonces un límite en gastos de personal». Una justificación «completamente falsa», han manifestado Pérez y Martínez, porque han podido saber que el Ayuntamiento ya podía ejercer competencias en empleo desde 2014, por lo que «si hubiese existido la voluntad política» hubieran podido hacerlo.
A juicio de ACPT son unos hechos «sumamente graves», ya que en aquel momento había en la ciudad «un 20% de paro» y se podían haber contratado a 120 personas más, lo que no solo hubiera repercutido en la situación de otras tantas familias, sino que «ese millón de euros desaprovechado hubiera repercutido directamente en la economía de Torrelavega».
La formación reprocha que estos datos «chocan con el discurso demagógico que durante años ha venido utilizando el PSOE en Torrelavega, donde aseguraban que lo primero para ellos era el empleo y resulta que no son capaces ni de gestionar una subvención anual para tal fin».
La «chapuza», añaden, no termina aquí, sino que el Gobierno de Cantabria, además de exigir la devolución del importe desaprovechado, reclama al Ayuntamiento 147.494 euros en concepto de intereses. Los concejales de ACPT han señalado que el equipo de gobierno también se ha «excusado» para no pagar esos intereses diciendo que el Gobierno de Cantabria había enviado «dinero de más». Algo que tachan de «completamente falso», afirmando que además de conceder la cantidad solicitada hubo un mes para presentar cualquier tipo de reclamación, derecho que nadie ejerció.
Además, han criticado que han llegado a todas esas conclusiones «pese a que la documentación que se nos ha facilitado estaba incompleta». Según han dicho, «al menos le faltan informes técnicos y la orden de Alcaldía» para tramitar dicha subvención. «No podemos dejar escapar la ocasión para mostrar nuestro asombro al comprobar que la documentación facilitada estaba clasificada de forma que invitaba a la confusión, con un orden que favorecía la versión de los hechos del equipo de gobierno», han expresado, al tiempo que han criticado que el equipo de gobierno «no tuviera la más mínima intención de comunicar estos hechos al resto de grupos políticos o a la población», en lo que entienden una «nueva demostración de falta de transparencia».