ACPT considera que el visto bueno dado por el pleno de Torrelavega a recepcionar las obras del campo de fútbol de El Malecón es un «acto de profunda irresponsabilidad, encabezado por el concejal de Deportes, Jesús Sánchez, permitido por el alcalde, conocedor de la situación, y avalado de forma cómplice por el PP y Torrelavega Sí».
Tras seis años de diferencias sobre «los numerosos errores que presenta el campo, algunos visibles y otros no tanto», el Gobierno de Cantabria «resuelve el problema con una limosna de 50.000 euros», afirma ACPT, cuando «ni siquiera conocemos el importe total que supondrá su arreglo», aunque valoran en al menos 200.000 euros la inversión necesaria para solventar deficiencias y adaptarlo a la normativa.
«Se nos pretende hacer creer que de las casi cien deficiencias detectadas por los técnicos, tan sólo cuatro realmente tienen consistencia, gracias a diversos informes emitidos por el propio arquitecto firmante del proyecto y dirección facultativa de la obra», apuntan. Sin embargo, «solo es necesario darse una vuelta por el campo» para comprobar «incumplimientos del Código Técnico de Edificación en unos casos, de la normativa de tráfico en otros, de la normativa de lugares de trabajo, o del Real Decreto de señalización», detalla ACPT.
El último informe, dicen, fue solicitado por el concejal de Deportes a una ingeniería, «pidiendo valoración únicamente de esos cuatros aspectos y ni siquiera en su totalidad, obviando otras tantas deficiencias» y ya se tasa en «cerca de 13000 euros la actuación necesaria».
Pero ACPT apunta que existen «muchos más aspectos», como la instalación eléctrica del campo en la que las inversiones necesarias «para adaptase a la normativa se disparan hasta los 107.500 euros que, como mínimo, costará subsanar las deficiencias del centro de transformación» y la instalación de otro con la potencia mínima de 630 KVA obligatorio para realizar eventos en el campo, así como la sustitución del grupo electrógeno existente por otro que garantice su funcionamiento.
Por otro lado, consideran «significativo» el informe emitido por una ECA (Entidad de Auditoría e Inspección) en noviembre de 2017 «en el que se advierte que ni tan siquiera existe autorización para la puesta en servicio de la instalación». Algo que achacan a que «los cables de entrada de alta tensión no dispongan de protección mecánica que la puerta exterior y la verja de acceso al transformador no dispongan de enclavamiento, pudiendo abrirse con el transformador en funcionamiento (totalmente ilegal y obviamente, peligrosísimo)»
A esto suma ACPT otras deficiencias «de sobra conocidas», como la falta de señalización vertical y horizontal para personas con movilidad reducida, la obligatoria reordenación del aparcamiento, o deficiencias constructivas en los vestuarios y en el entorno del campo, «por ejemplo, barandillas cayéndose y sin la resistencia exigida por el código técnico de edificación».
ACPT critica que con esos datos, Sánchez les acuse de «poner palos en las ruedas y frenar el avance de la ciudad, tirando de argumentos tópicos de un cacique local al que le molesta que se le cuestionen sus decisiones»