El grupo de trabajo de Solvay, formado por el Gobierno de España, Gobierno de Cantabria y multinacional, ha celebrado hoy su primera reunión en el Ministerio de Industria, con el objetivo de que la multinacional disponga de los mecanismos de compensación suficientes para hacer rentable y productivo su proceso de transición energética, garantizando la competitividad de la empresa.
Solvay ha presentado para su planta de Barreda un Expediente de Rescisión de Empleo (ERE) con 77 despidos.
En la reunión han participado el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el comisionado especial para la Reindustrialización, Jaime Peris, y el subdirector general para el Impulso de Proyectos Industriales, Justo Jorge Pagán y sus equipos; el consejero de Industria, Eduardo Arasti; el director de Solvay, Pablo Alonso, y el directivo Fernando Cohnen.
Las tres partes, Gobierno de Cantabria, Gobierno de España y Solvay, trabajan con el objetivo de culminar la transición energética que comenzó hace un año, para lo cual se integrarán en el grupo de trabajo otros ministerios, como el de Transición Energética.
“El Plan Industrial es muy claro: dotar a Solvay de la planta de biomasa, sin la cual la empresa no puede competir en los mercados internacionales”, ha subrayado Arasti, quien ha explicado que el proceso de transición energética de Solvay consiste en la construcción de la mayor planta de cogeneración de biomasa de España con una inversión de 150 millones de euros y una inversión adicional de 100 millones de euros, más un proyecto de captura de dióxido de carbono.
“Solvay tiene que competir en un mercado global con países como China, Turquía y Estados Unidos que no tienen que realizar ninguna transición energética ni pagar por el dióxido de carbono que emiten a la atmósfera, y, además, los precios de la energía en esos países son sustancialmente menores”, ha indicado el consejero.
Por otro lado, el comité de empresa de Solvay mantendrá este miércoles sendas reuniones con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y con la presidenta de Cantabria, María José Saenz de Buruaga.