La voluntad del gobierno de no modificar la regulación eléctrica ha llevado a basar la reforma energética en eliminar la competencia de las renovables y el ahorro energético con respecto a las fuentes tradicionales, carbón, gas, nuclear.., y cargar todo el peso de la reforma en los consumidores.
La fórmula para garantizar los ingresos y seguir pagando los costes reconocidos a las eléctricas ha sido la subida automática de los peajes (la parte fija del recibo) a los consumidores e impedir que los clientes finales puedan reducir sus costes energéticos imponiendo barreras al autoconsumo y la eficiencia energética. La reforma lejos de cambiar nada, descansa en la penalización a los consumidores y en incentivar una mayor facturación en plena crisis de demanda. Parece increíble que nadie sepa los verdaderos costes de las fuentes convencionales de energía, fiándonos exclusivamente en la valoración del coste que hacen las partes implicadas. Esto nos lleva a la reflexión de que el sistema funciona como un cártel basado en la dependencia e intensidad energética. El mayor error de las decisiones que ha tomado el Gobierno y el sector eléctrico es que solo se preocupan por el corto plazo, sacrificando la estrategia energética a largo plazo de la que carecemos.
La realidad es que estamos asistiendo al declive de un modelo energético basado en la incentivación del consumo de combustibles fósiles, a pesar de ser el modelo más caro, inseguro e incompatible con la salida de la crisis. Lejos de afrontar la explicación de cómo asfixiando las renovables desde el 2008 ha seguido incrementándose el recibo de la luz y el déficit de tarifa, el debate energético ha desviado la atención con una apuesta hacia la promoción del gas no convencional (fracking) como parte de la reforma.
Hemos visto lo sucedido con infraestructuras gasistas como «Castor», «El Musel» o la sentencia del Prestige o el decreto de los residuos nucleares, para saber que la responsabilidad civil de las energías de riesgo en que se basa nuestro mix energético la asume por entero la sociedad, que contaminar es gratis, que los informes de impacto ambiental son un fraude y que los costes no internalizados de los hidrocarburos y la nuclear se trasladan automáticamente al consumidor de manera antisocial y a las futuras generaciones de forma insolidaria.
La Agencia Internacional de la Energía ha manifestado que la lucha contra el cambio climático exige eliminar las ayudas a los combustibles fósiles, cinco veces superiores a las que se dan a las renovables, apostar por mayores objetivos renovables y derribar las barreras que impiden la inversión en eficiencia energética. La tendencia mundial es que la generación distribuida (autoconsumo) será la fuente de generación más importante y que el modelo de negocio energético lo determinará la demanda y no la oferta.
En la estrategia 2020 de la Unión Europea para una energía segura, sostenible y competitiva, aprobada en marzo de 2010, se apostó por un nuevo modelo energético para desacoplar el crecimiento económico del uso de los recursos, es decir, priorizar el ahorro y la eficiencia energética. El liderazgo tecnológico de Europa debería centrarse en proveer a las ciudades de soluciones para ahorrar energía masivamente aprovechando lo mejor de las renovables, la eficiencia energética, las redes inteligentes, las TIC y los nuevos modelos de negocio energético. Plasmando claramente esta intención en la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Sin embargo, la política energética española camina en dirección contraria.
La tramitación del Ministerio de industria de los decretos sobre autoconsumo y renovables, evidencian la soledad de sus responsables en la defensa de las barreras que quieren imponer a la generación distribuida frente al consenso unánime de todos los informes de la Comisión Naciona